La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes un informe ante el instructor del caso 'Púnica' en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en la que se opone a la elevación por éste de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para investigar la posible comisión de fraude, cohecho y revelación de información reservada por parte presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en relación con contratos para mejorar su reputación 'on line'. Considera que no hubo perjuicio alguno para las arcas públicas porque los contratos no llegaron a formalizarse.
Distinta valoración merece la conducta de la otra aforada incluida por Velasco en el auto por el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia, la senadora y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro. En su caso, considera que se debe elevar la investigación sobre su conducta al Tribunal Supremo por considerarla indiciariamente constitutiva de delitos de falsedad, prevaricación y malversación.
En un auto dado a conocer este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda la formación de la pieza III de la 'Operación Púnica' relativa a las supuestas irregularidades en Murcia y dirige el procedimiento contra 22 personas.
Sánchez: "No se puede demostrar lo que nunca existió"
Nada más conocerse el auto, Sánchez ha comparecido en rueda de prensa en la sede de la presidencia del Gobierno murciano y ha subrayado insistentemente que "no se puede demostrar lo que nunca existió".
En esos términos se ha manifestado también la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha recalcado que el contrato "no existe" y ha señalado que Sánchez "ha sido sujeto pasivo de 16 querellas planteadas todas por grupos políticos" y hasta ahora "todas han sido archivadas".
Sánchez gobierna en minoría con el apoyo de Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, ha dicho que si el Tribunal Superior de Justicia le "imputara", espera que cumpla con el pacto que suscribieron para la investidura y "dimita para no poner en riesgo la estabilidad en la región".
En su comparecencia, Sánchez ha manifestado que el juez habla "de que pudo acordarse un contrato de en torno a 30.000 euros" cuando él era consejero para hacer unos trabajos de reputación "online", pero "no hay nada de eso, nunca lo hubo, y así -ha recalcado- lo hemos demostrado con más de una decena de certificados oficiales".
En palabras de Sánchez, esa documentación acredita que "nunca se firmó, ni se acordó, ni se pactó, ni se pagó, ni se aceptó presupuesto" y, al mismo tiempo, "nunca se pidió una oferta, ni a esta empresa ni a cualquier otra".
No obstante, ha reconocido que "recibieron ofertas, alguna de ellas insistentemente y con agresividad comercial".
Fuentes de su entorno sostienen también que los doce certificados oficiales acreditan que "ni siquiera se inició ningún expediente" administrativo para contratar con De Pedro y que todos los funcionarios de Educación responsables de contratación han acreditado que "nunca recibieron instrucciones para contratar ni estos servicios ni a estas empresas".
Barreiro: "Estoy a disposición de la justicia"
Por otra parte, el auto acusa a Barreiro de los presuntos delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por acordar supuestamente con empresas de la Púnica amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación.
También le atribuye que pagara con dinero público trabajos particulares como la creación de un diario digital en Cartagena para que emitiera noticias positivas suyas y el sueldo de un periodista.
En declaraciones a Efe, la senadora ha defendido su inocencia al decir que en los contratos que investiga el juez fue "intachable" y estuvo "siempre bajo la legalidad".
"Estoy a disposición de la justicia y confío en que esto se aclare cuanto antes", ha afirmado quien se queja de la "justicia paralela" en España y de las veces que ha sido sometida a juicio y condenada "a la pena de telediario".
La investigación al presidente ha provocado multitud de reacciones entre los grupos de la oposición, que confían en que presente su renuncia al cargo si el TSJRM lo llama a declarar como investigado.
