El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha asegurado este viernes ante el tribunal que, a diferencia de lo que sostiene la Fiscalía, no se les ha juzgado por haber desobedecido al Tribunal Constitucional (TC) sino por el "éxito" de la consulta soberanista del 9N, que el Gobierno vivió como un "desafío".

Mas ha proclamado que ni él ni ningún miembro de su gobierno cometieron ningún delito por permitir la consulta independentista, en un discurso de unos veinte minutos que, en su derecho al último turno de palabra, ha dirigido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) antes de que quedara visto para sentencia el juicio del 9N.

El expresidente catalán, que afronta diez años de inhabilitación por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, ha lamentado que la Fiscalía pretenda "convertir en un delito" una votación que debería hacer sentir "orgullosos" a los catalanes: "qué pena, señor presidente, qué error, qué inmenso error", ha añadido dirigiéndose al tribunal.

Mas ha mostrado su "más profunda discrepancia" con la acusación que mantiene contra él la Fiscalía y ha sostenido que si hoy se sienta en el banquillo "no es por desobedecer" al TC, sino porque el "éxito" de la consulta de independencia "no gustó a determinadas instancias del Estado y del Gobierno español".

"Y como no gustó se consideró un desafío y pretenden que ahora se pague", ha denunciado Artur Mas, tras recalcar que el Gobierno "desobedece sistemáticamente las sentencias del Tribunal Constitucional" y a menudo también las directivas europeas, sin que haya juicios "y menos por la vía penal".

El acusado ha recalcado que, con el 9N, el ánimo del Govern "no era desobedecer, sino plantar cara al Gobierno" que, a su parecer, estaba "impidiendo" un proceso de participación para "conocer la opinión de la gente" y que cree que "usó" al TC "para hacer un trabajo que no hizo desde el punto de vista político".

"Yo no soy culpable de ningún delito, no tengo ni la más mínima duda", ha proclamado Mas, que ha asegurado no entender cómo "fortalecer la democracia puede ser considerado un delito".

El expresidente de la Generalitat ha dedicado unas palabras de su alegato final para expresar su "preocupación" por la revelación del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, que este viernes ha asegurado que cuando la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal le encargó el caso, le pidió que actuara con imparcialidad.

"Créame que cuando le he oído me ha dejado muy preocupado, porque que la fiscal general del Estado tenga que coger a un fiscal e insistirle en que debe ser imparcial y justo...", ha razonado Mas, en un alegato que el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha interrumpido al recordarle que el turno de última palabra es "en su propia defensa, no para entrar en diálogo y cuestionamiento, todavía menos con el ministerio público".

"Es en mi defensa saber cómo actúa la Fiscalía en mi país", se ha quejado entonces Mas, que ha aprovechado para denunciar que en los últimos años ha sido "calumniado, difamado" y víctima de operaciones de "guerra sucia", sin que "nadie" ni ningún fiscal saliera en su defensa cuando era presidente de la Generalitat y "representante" ordinario del Estado en Cataluña.

Como ya hiciera en su declaración al inicio del juicio, Artur Mas se ha declarado "máximo responsable político y en algún sentido único" de la consulta del 9N, en la que el resto de miembros de su Govern encausados por la consulta -los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs- actuaron con la "debida lealtad" al jefe del ejecutivo catalán.

"Las indicaciones, instrucciones y directrices emanaban de la Presidencia del gobierno de la Generalitat", ha subrayado Mas, al tiempo que insistía en que "nunca ha rehuido" ni una sola de sus responsabilidades.

En ese sentido, Mas se ha declarado "responsable de haber escuchado a la gente" y de haber convocado las elecciones anticipadas de noviembre de 2012, así como de haber llevado su "trayectoria hasta las últimas consecuencias", dando un "paso al lado para dar la oportunidad a un proceso que nació del pueblo".

"Soy responsable de haber escuchado a la gente en la calle y en las urnas, de haber obedecido mandatos reiterados del Parlament, no me escondo, presumo de ello", ha retirado el acusado, que se ha arrogado también el mérito de haber "ideado una pregunta que por primera vez en décadas permitía que la gente se pronunciara sobre la independencia".

Como mantuvo ya en su declaración ante el TSJC, en que se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía, Mas ha vuelto a escudarse hoy en que la votación del 9N fue a cargo de los voluntarios, que "no recibían ninguna orden porque el proceso ya lo habían hecho suyo".

"Que nos diga el TC cómo se le dan órdenes a los voluntarios. No se les da órdenes, como mucho se les trasladan recomendaciones", ha subrayado.

La defensa cree que no había obligación de impedir el 9N

Antes, el abogado de Mas ha alegado este viernes que el expresidente catalán no se escondió tras una "multitud de voluntarios" ni ordenó retirar los medios públicos puestos a su disposición por la inconcreción del Constitucional, que cree que no obligaba a impedir la votación.

Durante la exposición de su informe exculpatorio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde ha quedado visto para sentencia el juicio a Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, el letrado Xavier Melero ha centrado su argumentación en la "falta de concreción" de la providencia del TC del 4 de noviembre de 2014, que suspendía la consulta sin incorporar ningún tipo de advertencia, como había solicitado el Gobierno.

Para la defensa del expresidente catalán, la providencia del Constitucional "no imponía un deber positivo de impedir" la consulta soberanista del 9N.

Según Melero, en todo el procedimiento, Mas "no se ha escondido nunca detrás de una multitud de voluntarios, no ha negado nunca el impulso político de su gobierno al 9N, no ha ocultado que el ejecutivo dio medios materiales a los voluntarios y que no ordenó retirar los medios puestos a su disposición".

El letrado ha insistido que Mas no desobedeció y, para sustentar su alegato exculpatorio, ha recurrido al dictamen de la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña, inicialmente reacio a acusar a presentar una querella contra Mas por desobediencia -que finalmente impuso la Fiscalía General del Estado- por la ausencia de una advertencia expresa en la providencia del TC.