La ministra de Sanidad, Servicios e Igualdad, Dolors Montserrat, ha asegurado que la futura normativa para frenar el consumo de alcohol en menores "no será intervencionista" ni "una ley de multas", sino de "sensibilización y prevención" y ha abogado por trasladar este tema "a las aulas".

Dos meses después de tomar posesión de su cargo, Montserrat detalla, en una entrevista con Efe, sus propuestas para esta legislatura, entre las que destaca la aprobación de esa ley, que está convencida de que saldrá adelante "con consenso".

Esta norma se gestará en el seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Consumo de las Drogas, que empezará sus trabajos en enero con el cometido de elaborar un informe previo a la redacción del anteproyecto de ley.

La ministra ha insistido en que no será una ley punitiva, aunque podría contemplar sanciones para padres a cuyos hijos "se les haya pillado cinco o equis veces" bebiendo alcohol en la vía pública y no les hayan llevado a los cursos de sensibilización que se imparten para estos jóvenes.

Y será la Comisión Mixta la que determine si se tienen que modificar las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana, según ha explicado.

En su opinión, esta ley debe contar con el apoyo de la industria del alcohol, y sobre si habría que regular la publicidad de estas bebidas en determinados espacios como los estadios de fútbol, ha dicho que aún no tiene un criterio claro.

Otro de los retos en los que Montserrat ha puesto el acento, ya en materia de igualdad, es el "currículum anónimo", un proyecto que ya se ha implantado en países como Reino Unido, Francia, Alemania o Finlandia y cuyo objetivo es evitar la discriminación por sexo, edad u orientación sexual en el ámbito laboral y garantizar la igualdad de oportunidades.

Así, quiere que ya este año se ponga en marcha el proyecto piloto en un grupo de empresas, en las que, voluntariamente, se generalizará esta práctica para poder evaluar los resultados antes de su implantación.

"Lo importante no es si eres mujer, transexual o tienes 50 años", sino tu capacidad, tu mérito y tu formación", ha aseverado.

Ha valorado la oportunidad que ofrece esta legislatura, en la que el PP no tiene la mayoría, para alcanzar "grandes consensos", porque los ciudadanos en las urnas "nos han dicho que lleguemos a acuerdos".

Insiste en no derogar la reforma sanitaria de Ana Mato pese a la petición unánime de los grupos parlamentarios de la oposición, pero sí está dispuesta a "mejorar todo aquello que no ha surtido efecto o no ha funcionado". "Derogar por derogar, no", ha subrayado.

Tras reiterar que uno de sus "puntales" en el Ministerio va a ser el diálogo y el acuerdo, ha avanzado que va a hablar "con todos y cada uno" de los consejeros autonómicos de su área antes de proponer cualquier medida como, por ejemplo, una fórmula común para articular la asistencia sanitaria en atención primaria a los "sin papeles".

Un tema que piensa llevar al Consejo Interterritorial de Salud, que probablemente se celebrará en enero, al igual que la revisión del copago farmacéutico para los pensionistas que tengan una renta de entre 18.000 y 100.000 euros al año para hacerlo "más justo" y "equitativo".

Montserrat propone establecer tres tramos en esa horquilla de renta, aunque para las pensiones más bajas (de 0 a 18.000 euros) no se plantea, "en principio", revisar el actual copago (un 10 % con un tope de 8 euros mensuales).

Una reunión muy intensa en la que también debatirá con los representantes autonómicos la reducción de la listas de espera.

Quiere estudiar este asunto "desde la raíz, sin culpar a nadie" y "buscando soluciones" con las comunidades como se ha hecho en asuntos como el calendario vacunal único o la compra centralizada de medicamentos.

Montserrat ha achacado el aumento de las listas de espera de algunos hospitales a la falta de eficiencia y la temporalidad de los profesionales sanitarios.

Una temporalidad que ha abogado por reducir pese a advertir que es normal en determinadas épocas en zonas turísticas.

La ministra quiere recoger de los consejeros las mejores prácticas de los hospitales para implantarlas a nivel nacional y que éstos sirvan de "filtro" para "ordenar" a los pacientes y derivarlos a los servicios sanitarios o a los sociales, sin imponer ningún límite a las autonomías.

En el ámbito social también son muchos los retos que se ha marcado: desde la reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), para evitar que las personas incapacitadas judicialmente se vean privadas del derecho al voto, hasta un "erasmus nacional" para que los estudiantes de entre 14 y 18 años puedan hacer un curso escolar, o parte de él, fuera de su ciudad.

También quiere sacar adelante una ley integral de apoyo a la familia "sea como sea esa familia" porque "cada uno escoge la que quiere, todas son diferentes y nuestra obligación es apoyarlas a todas".

La Estrategia Nacional de Igualdad es otro de sus objetivos, al igual que conseguir una mejora de las pensiones o ayudas que perciben los hijos de víctimas de violencia machista.

Asimismo, en esta legislatura pretende "vaciar los centros tutelados", darles visibilidad, hablar de ello y facilitar información a las familias que quieran acoger para que lo hagan desde que los menores son pequeños y evitar que, el día de su 18 cumpleaños, "nuestro regalo sea ponerlos en la calle".