El presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, ha defendido que la obra del auditorio de Puerto Lumbreras "se hizo" cuando él era alcalde del municipio, y la subvención que recibió de la Comunidad se invirtió "al cien por cien" en su ejecución, "se pagó y está justificada", tal y como "acreditan absolutamente todas las certificaciones, la fiscalización, los informes y los documentos".
Sánchez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa ofrecida este viernes, apenas una hora después de conocerse la exposición razonada que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo, ha remitido a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al considerar que existe indiciariamente responsabilidad penal en las obras cuando era alcalde del municipio.
El presidente del Gobierno murciano ha aclarado que de lo que "estamos hablando" es de que en el año 2006, cuando él era alcalde de Puerto Lumbreras, la Comunidad Autónoma dio una subvención de seis millones de euros para la construcción de una infraestructura llamada complejo cultural teatro-auditorio".
"Allí está cada euro de la subvención", ha aclarado Sánchez, quien ha recordado que "nadie pone en duda que falte ni un solo euro de esa subvención" invertidos en el complejo cultural. Ha destacado que la inversión "se justificó" y fue avalada "por todos los filtros que fiscalizaban que las cosas se hicieran bien".
Sin embargo, ha lamentado que hace aproximadamente tres años, el POSE de Puerto Lumbreras "puso otra denuncia más, en este caso la número 16", que hablaba del auditorio. Ocho meses después, el fiscal "asumió esa denuncia y la interpuso en un Juzgado".
Desde ese momento, el presidente del Gobierno regional ha recordado que él solicitó hasta tres veces comparecer ante el Fiscal para poder aclarar y explicarle qué había ocurrido aquí". Su objetivo era "aportar colaboración con la Justicia", es decir, "con quien supuestamente estaba investigando".
"Hasta tres veces pedí una reunión con el Fiscal jefe y no se me concedió", ha aclarado Sánchez.
Prevaricación y malversación, entre otros delitos
La titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lorca ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) una exposición razonada en la que solicita que se investigue al presidente de Murcia por el caso Auditorio, al considerar que existen "indicios de responsabilidad penal en los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad en documento público u oficial".
Ahora la Sala de lo Civil y Penal deberá admitir o no la exposición razonada y nombrar a un instructor para que lleve a cabo la investigación en lo que afecta al presidente regional, que está aforado por su condición de diputado regional y miembro del Consejo de Gobierno y que, por lo tanto, solo puede ser investigado por una instancia judicial superior.
Además, la juez estima que el TSJ debe investigar al resto de personas implicadas en la causa, entre los que están varios concejales del PP en Puerto Lumbreras y el arquitecto Martín Lejárraga.
El caso Auditorio se inició en marzo de 2015 tras una querella del fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, dirigida contra Sánchez y otras 20 personas, al apreciar una serie de delitos en el proceso de adjudicación, construcción y recepción del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras, localidad de la que Pedro Antonio Sánchez fue alcalde durante diez años.
La querella se dirigió en principio al TSJ, al considerar el fiscal que era el órgano competente para investigar al entonces consejero y diputado regional. Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, en contra del criterio de uno de sus miembros, envió la querella a los juzgados de Lorca para que instruyera la causa. Más de un año después, el caso vuelve a la instancia superior.
Pedro Antonio Sánchez es presidente gracias a un acuerdo de investidura con el partido Ciudadanos. En el primer punto de este pacto figuraba el compromiso de ambas formaciones de que cualquier cargo público imputado por corrupción política abandonara inmediatamente sus responsabilidades. La juez ha abierto una pieza separada del Caso Auditorio para investigar el destino de seis millones de euros.
