La senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ha fallecido a los 68 años en un hotel de Madrid tras sufrir un infarto. La noticia ha sorprendido ha sorprendido a todos ya que no habían constancia de problemas de salud de la popular. Este lunes, comparecía ante el Supremo por voluntad propia para declarar por el presunto caso de blanqueo de dinero en el Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia, donde afirmó no tener ninguna constancia.

Este septiembre Rita Barberá abandonaba el Partido Popular. Una noticia bomba en las filas populares, porque se fue empujada por su partido. Algo impensable hace dos suspiros. No en vano Barberá presumía de carnet de afiliada número 3 en la Alianza Popular de la Valencia de 1976, el germen del PP nacido en la transición. Así que con ella se iba un símbolo del Partido Popular valenciano que traspasó la frontera del pantano de Contreras. Un icono que parecía intocable pero que empezó a desgastarse con el patinazo del "caloret" en la "crida" del 23 de febrero de 2015. Una escena que convirtió a la "alcaldesa de España", Rajoy "dixit", en motivo de chanza en los medios de comunicación y redes sociales.

El fin de la "era Rita" lo certificó el resultado electoral del 25M que la desalojó del «salón pompeyano» de la alcaldía de Valencia. Su «casa» durante 24 años. «¡Qué hostia, qué hostia!», lamentó mientras se abrazaba al entonces delegado del Gobierno, Serafín Castellano, tras perder por primera vez la mayoría absoluta. Aunque Barberá parecía que ostentaba la alcaldía vitalicia, su último «round» en las urnas fue un favor personal al presidente del PP, Mariano Rajoy, quien le pidió que repitiera como cartel electoral. Una entrega a la «causa» del partido -así lo relataba su círculo más cercano- que no tuvo retorno cuando pintaron bastos para Rita.

A su favor contaba que Barberá personificó durante años el milagro de la derecha en Valencia. Desde 1995 había dejado KO a todos sus rivales electorales. Y creó un régimen propio rodeada de una cantera de hinchas que la seguían, adulaban y obedecían sin rechistar. No en vano se la conocía en el ayuntamiento como «la Jefa». Su poder se extendía hasta el más mínimo detalle. Hasta decidía qué tipo de plantas debían adornar las avenidas. «Mari Puchi, aquí plántame naranjos», ordenaba en las visitas de obras. Y la concejala de turno tomaba cumplida nota de los deseos de «la Jefa».

De ahí que sorprendiera su defensa numantina y el alegato de ignorancia sobre todos los casos de corrupción que, hasta ahora, había conseguido esquivar.

Durante cuatro años, Barberá fue obsequiada con bolsos de Louis Vuitton por los miembros de la Gürtel. «No nos da nada, pero tampoco nos hace nada», admitía el cabecilla de la trama en Valencia, Álvaro Pérez «el Bigotes». Del caso Emarsa, que investiga el saqueo de la depuradora de Pinedo, salió indemne pese a que el ayuntamiento que dirigía eligió al gerente y cabecilla de la trama corrupta, Esteban Cuesta, quien asegura que le regaló bolsos de Loewe y pagó cenas de militantes al partido. Otro de los imputados, el exconcejal del PP Juan Carlos Gimeno, también denunció que Barberá conocía todo lo que sucedía en la empresa pública. Barberá ni siquiera fue citada como testigo.

Incluso salió indemne de las acusaciones del juez Castro por el «Caso Nóos», que investigó los congresos organizados por el yerno del Rey emérito en Valencia, aunque la pieza abatida fue su mano derecha y vicealcalde, Alfonso Grau. Un caso que abrió una brecha incurable en la relación entre la entonces alcaldesa y su fiel escudero.

Barberá también salió airosa del «Ritaleaks», la denuncia de Compromís por los gastos de alcaldía durante cuatro años en regalos, viajes y hoteles que ascendieron a 278.000 euros. Y de otra denuncia presentada por los socialistas por negarse a retirar símbolos franquistas e incumplir la Ley de memoria histórica.

Sólo el caso Taula y la denuncia por presunto blanqueo de capitales contra Barberá y su equipo la dejó al borde de la imputación, que ella prefirió afrontar en el Tribunal Supremo, amparada por el aforamiento como senadora. Un quebradero judicial que aún puede agravarse cuando se haga pública la denuncia de Anticorrupción por los desmanes en Feria Valencia, cuyo consejo de administración también presidía la exalcaldesa.