La gestora del PSOE lleva semanas preparando la hoja de ruta que seguirá el partido en la oposición, al menos hasta que se produzca un Congreso y haya una nueva dirección. Este 'rumbo' se está diseñando junto con el Grupo Parlamentario, las Federaciones del PSOE y el equipo de asesores del partido y se prevé tenerla lista en las próximas semanas, según informaron a Europa Press fuentes socialistas.

No obstante, ya se han ido fijando algunas prioridades, con participación muy directa del presidente de la Gestora, Javier Fernández, que el Grupo Socialista traducirá en iniciativas parlamentarias y también serán la base para las conversaciones futuras con otras fuerzas políticas.

En la elaboración de esta hoja de ruta también están participando muy activamente los miembros del equipo económico que está liderando el responsable de Economía y Empleo de la Comisión Gestora, el abogado y economías valenciano José Muñoz. A él se han incorporado, entre otros, el que fuera ministro de Trabajo con Zapatero, Valeriano Gómez, el eurodiputado Jonás Fernández, que trabajó en el despacho de Solchaga, Recio y Asociados o el murciano Pedro Saura, que ha sido portavoz otras legislaturas en la Comisión de Presupuestos.

Según las fuentes consultadas, el objetivo del PSOE es liderar una oposición firme y constructiva que sea capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos y para ello van a trabajar en revisar las políticas que consideran "antisociales" o negativas para los ciudadanos que puso en marcha el Gobierno del PP en la pasada legislatura.

Para el PSOE, es de vital importancia cerrar la brecha que se ha abierto en el sistema de pensiones, cuyo déficit puede alcanzar los dos puntos de PIB al cierre de 2016. Cerca de 18.000 millones de euros. Y seguirá creciendo cada año debido a que los ingresos crecen a poco más del 1 por ciento mientras que los gastos lo hacen a más del 3%.

Las fuentes consultadas explican que en principio, las iniciativas del Grupo Socialista en este sentido irán en la línea de instar al Gobierno a que abra la negociación con los agentes sociales para que puedan llevar al Pacto de Toledo iniciativas consensuadas. No obstante, y aunque creen que la iniciativa la debe tener el Ejecutivo, el PSOE sigue manteniendo como base de su postura el documento que realizaron en 2013 titulado "Sostener las pensiones públicas".

En el citado texto dejan claro que lo que no se puede plantear es bajar la cuantía de la pensión y que la solución tiene que ir más por la vía de los ingresos. Los socialistas no descartan un impuesto finalista o una cesta de impuestos. De hecho, lo llevan en el programa electoral. O incluso una combinación de factores.

Pero también creen que no se ha agotado el margen de posibilidades en el ámbito de las cotizaciones sociales, no descartando la elevación de los tipos de cotización, que en el pasado fueron más altos que en la actualidad. En el citado documento se admite que este es un arma que se debe usar con prudencia por sus efectos sobre el empleo, pero precisan que en las actuales circunstancias no debe ser rechazada porque un punto en la cotización por contingencias comunes es 2 veces mayor que el coste de la revalorización anual de las pensiones.

Y también se incluye la posibilidad de que se incremente la aportación del Estado a la Seguridad Social en un contexto de medio y largo plazo o elevar los topes de cotización para acercarlos a los salarios realmente percibidos.

Este asunto enlaza con una modificación sustancial de la reforma laboral que realizó el PP, a la que los socialistas culpan en buena medida de que las cotizaciones no crezcan tanto como el empleo debido a los 10 puntos de devaluación salarial que se ha producido en los últimos años.

Para ello consideran prioritario que el Gobierno abra el diálogo con los agentes sociales con el fin de regular la negociación colectiva de tal forma que se restablezca el equilibrio entre las partes; subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI); mantener una creación sostenida de empleo o acortar la brecha salarial porque sostienen que la política monetaria no puede por sí sola estabilizar la economía de manera continuada.