El Tribunal Constitucional (TC) no va a ejecutar de manera inmediata el incidente por desobediencia a sus sentencias abierto contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que podría llevar a sanciones cautelares o penales contra ella, a pesar de habérselo solicitado el Gobierno central
De hecho, el TC no tiene previsto ejecutar de manera inmediata tampoco el otro incidente por desobediencia a sus sentencias por parte de instituciones catalanas que tiene planteado, referente a la acción exterior catalana.
No resolverá ninguno hasta no haber resuelto antes el recurso sobre la ley que prevé dichos incidentes. Así se lo han señalado a Efe tres fuentes distintas del tribunal.
Las razones son dos: una, que los incidentes de ejecución figuran en una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que está recurrida ante el alto tribunal; así, en caso de ejecutarlos, el TC validaría por la vía de los hechos esa reforma, y no tiene nada claro que sea constitucional.
Los segundos motivos son de prudencia, ya que los magistrados no quieren soliviantar más, en estos momentos especialmente sensibles en el ámbito político, la atmósfera catalana.
El Gobierno ha promovido hasta ahora dos incidentes de ejecución por incumplimiento de fallos del TC: uno relacionado con la resolución del Parlament, vinculada al 9-N, de inicio del proceso político hacia la independencia; y otro por incumplimiento de la suspensión cautelar acordada por el TC de la Ley de Acción Exterior de Cataluña.
El Constitucional abrió su período de vacaciones el pasado 1 de agosto, después de suspender una resolución del Parlament de Cataluña que marcaba nuevos pasos hacia la independencia y dar 20 días de plazo a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, para explicar por qué no obedecía al propio TC.
Advirtió a ella y al president de la Generalitat, entre otros, de que con esa resolución podían estar cometiendo un delito de desobediencia de la sentencia de diciembre de 2015 que ya cerró esa vía.
Pero por ahora, según la citadas fuentes, no va a dar más pasos ejecutivos en esta dirección, ni tampoco relativos a la acción exterior de Cataluña.
Este otro incidente se refiere a que cuando el alto tribunal admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra la ley de acción exterior de Cataluña acordó la suspensión cautelar automática de la misma. El Gobierno catalán respondió que mantendría su acción exterior a pesar de la suspensión provisional.
Las citadas fuentes informaron a Efe, ya el pasado mes de julio, de que existen dudas dentro del propio TC en torno a la reforma legislativa que diseñó los incidentes de ejecución para forzar la obediencia al TC, promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que fue aprobada a finales de 2015.
La puesta en marcha de los incidentes de ejecución supondría dar un aval por la vía de los hechos a la reforma del propio TC, que a su vez está también recurrida ante el alto tribunal (entre otros, por la propia Generalitat catalana).
A ese criterio se suma ahora el de la oportunidad, o más precisamente, la inoportunidad política de crispar la situación en Cataluña.
La situación conducirá, al menos en los próximos meses, a la máxima prudencia por parte del TC, lo que hace muy probable que los magistrados no lleven al extremo ejecutivo el desarrollo de los incidentes y esperen un tiempo antes de resolver sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
