La exconcejal en el Ayuntamiento de Valencia, Maria José Alcón, su exmarido y exgerente de la Fundación Jaume II el Just, Vicente Burgos, y el yonki confeso del dinero y ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, crearon una especie de unión temporal de intereses, una red dedicada única y exclusivamente a cobrar supuestas mordidas del 2% y el 3% a empresas. Las contratistas de la administración habrían pagado comisiones para obtener concursos en la Fundació Jaume II el Just, el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia.

Una cartera de empresas pagadoras que Benavent y Burgos habrían trasvasado desde la Fundación Jaume II el Just en la que ambos trabajaban al Ayuntamiento de Valencia, donde María José Alcón ejerció de concejala de Cultura entre 1996 y 2009, y que el ex 'yonki del dinero' continuó exprimiendo desde la empresa pública Imelsa (Impulso Económico Local SA).

Los contratos amañados en el Ayuntamiento de Valencia forman la última pieza separada del 'Caso Taula' sobre la que el titular del Juzgado de Instrucción 18 Víctor Gómez, acaba de levantar el secreto sumario. Las sospechas de los investigadores se centran en cinco contratos adjudicados entre 2003 y 2006 por la Concejalía de Cultura que dirigía Maria José Alcón y por los que se habrían cobrado un mínimo de 48.000 euros en mordidas, la cifra que los investigadores han conseguido, por ahora, obtener indicios. Las comisiones se las habrían repartido la propia Alcón, su ex marido Vicente Burgos, el exyonki del dinero Marcos Benavent y el asesor de la concejala, Pedro Aracil que, según el juez, "se habrían enriquecido personalmente cobrando comisiones ilegales a las empresas a las que Cultura adjudicó diversos contratos".

Las adjudicaciones bajo la lupa del Juzgado de Instrucción 18, la Fscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil son la limpieza de las fachadas de la Lonja (1 millón de euros y 9.000 euros en presuntas mordidas), la intervención en las Torres de Quart (1,4 millones de euros y 20.000 euros de comisión que, en parte, se destinó "al Partido" Popular), la restauración de los puentes históricos de Serranos y la Trinidad (2,6 millones y una comisión cuya cantidad no queda acreditada), la Mostra de Valencia de 2006 (399.495, 66 euros y 9.000 euros en mordidas) y, por último, la concesión del Centro Cultural La Rambleta que también se rastrea aunque los investigadores consideran que no se acabaron pagando comisiones.

Por estos hechos, el juez ha decidido imputar en la pieza separada de los contratos del Ayuntamiento de Valencia por "prevaricación y cohecho" a Maria José Alcón, su exasesor Pedro Aracil (ambos imputados en la pieza del presunto blanqueo cometido por el PP), el exmarido de Alcón, Vicente Burgos, y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Las grabaciones realizadas por este último (en las que aparece repartiéndose las mordidas con Alcón y amañando la adjudicación de los concursos) han resultado providenciales para los investigadores que han ratificado punto por punto lo que la exconcejala y el exyonki del dinero apalabraban para garantizarse el cobro de comisiones.

La imputación de los políticos ha acabado por arrastrar a siete empresarios que pagaron las supuestas mordidas: Carlos Vicent Gil (adjudicatario de las obras de la Lonja y los puentes históricos, aunque vendió su empresa en 2005); Carlos Turró Homades y Alejandro Serra Nogués (responsables de Cleop, la adjudicataria de las torres de Quart); José Adolfo Vedri (propietario del Grupo Engloba e investigado en esta pieza por la concesión de la Rambleta); Rafael García Barat, Belén García Casa y Enrique Aleixandre Chumillas por los contratos de la Mostra que también han acabado por salpicar al director técnico de la Fundación Municipal de Cine, Juan Piquer Simón, imputado también en esta pieza.