La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha afirmado hoy que el ejecutivo se mantiene "firme" en su compromiso de seguir con la construcción de las denominadas 'estructuras de Estado' y ha minimizado la "afectación real" del fallo del Tribunal Constitucional (TC).
El tribunal ha anulado la Agencia Tributaria catalana y una gran parte de las 'estructuras de Estado' aprobadas por el Parlament, en un fallo unánime que acepta con condiciones otras instituciones creadas por la mayoría soberanista, como una Agencia de Protección Social.
En una conferencia de prensa en el Palau de la Generalitat, Munté ha señalado, sin embargo, que "la afectación real sobre el día a día" de este proceso de construcción "es mínima".
Ha remarcado que el ejecutivo "no se mueve" de la hoja de ruta soberanista que surgió de las elecciones catalanas del 27S: "Nos mantenemos en el compromiso firme de continuar en la construcción de las 'estructuras de Estado'; vemos base y posibilidad de hacerlo y sin ningún tipo de alegalidad".
En su intervención, Munté ha explicado que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) continúa "plenamente vigente" porque -ha alegado- que está reconocida en el Estatut.
En concreto, según la consellera, el TC ha tumbado el plan director de la ATC, que es el instrumento de planificación, pero no se ha anulado a la organización en sí.
En cuanto al servicio de Meteorología, el Govern entiende que queda anulada sólo la parte relativa a la navegación aérea.
En cambio, Munté ha resaltado que el fallo "preserva" la denominada Agencia de Protección Social, por lo que el Govern considera que esta estructura podrá continuar su tramitación parlamentaria "con normalidad".
Así, frente a evaluaciones "tremendistas de otras formaciones", Munté ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y ha señalado que el Govern continuará trabajando con "intensidad" para desarrollar el "mandato" independentista del 27S.
La consellera ha apuntado la posibilidad de buscar fórmulas legales "alternativas" para salvar los "obstáculos" por los preceptos anulados hoy, como ya hizo el Govern con la pobreza energética y la emergencia habitacional, aunque antes de determinar futuros pasos el ejecutivo deberá hacer un "segundo análisis exhaustivo" de las sentencias.
