La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) investiga el destino de los fondos europeos que sirvieron para cofinanciar 15 de los contratos adjudicados por la empresa pública Acuamed ante las sospechas de que pudo producirse un fraude, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Un equipo de este departamento se desplazó el pasado miércoles a Madrid para reunirse con el juez encargado de investigar la trama de concesión ilegal de contratos de obra hidraúlica, Eloy Velasco. Su intención, recabar "más información sobre las presuntas irregularidades cometidas" por la sociedad estatal de gestión del agua, dependiente del Ministerio de Agricultura, con objeto de "iniciar su propia investigación".
El magistrado recomendó al departamento europeo que se persone en la causa como acusación, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, han concretado las mismas fuentes.
Los proyectos afectados recibieron inyecciones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo 2007 a 2013 procedentes de los programas operativos de "cohesión", de tipo nacional, y otro destinado a la Comunidad Valenciana. También, créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Se trata en concreto de la descontaminación del pantano Flix; las conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel; la asistencia técnica de esta última obra; el sistema de dotación de agua de Cerro Colorado (Murcia) y la mejora del drenaje de la presa avenida Rambla Gallinera (Valencia).
También investigan la financiación de la presa antiavenidas del río Serpis (Valencia); la garantía de los regadíos de la desaladora de Torrevieja; las tuberías de abastecimiento de Benicassim (Castellón); el nuevo colector oeste de la Albufera; el refuerzo del sistema de abastecimiento de la desaladora de Sagunto; conducciones en la desaladora de Oropesa; las mejoras en la desaladora de Moncofar; la obra de reutilización de aguas residuales de Albufera sur; la obra de reutilización de aguas residuales de Sueca y el tratamiento de aguas residuales de Planta de Pinedo.
Fue el propio magistrado el que se puso en contacto con la OLAF el pasado mes de marzo para recabar información sobre la cofinanciación. En su respuesta remitida a la Audiencia Nacional e incorporada al sumario del procedimiento, al que ha tenido acceso Europa Press, la oficina antifraude detalla que los proyectos cofinanciados con fondos FEDER reciben ayudas por un 80 por ciento de las cantidades declaradas a la Comisión Europea cuando se trata de "programas operativos".
En los casos en los que el proyecto está cofinanciado por los FEDER y, además, recibe financiación por un préstamo del BEI, la parte del banco es un porcentaje de alrededor del 42 por ciento del importe del proyecto.
"No obstante, existe un límite consistente en que la financiación obtenida por los Fondos Estructurales, más la recibida del BEI no puede superar el 90 por ciento del importe total del proyecto", especifica la OLAF en su informe.
Según describe, el beneficiario del proyecto debe abonar la cantidad correspondiente a la ejecución de actividades. El organismo intermediario designado --en este caso la Direccción General de Servicios del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Dirección General de Economía de la Generalitat Valenciana-- verifica la solicitud de reembolso y, una vez revisada, la Comisión Europea emite una transferencia por ese importe.
