El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha anunciado hoy que impulsará una nueva ley catalana para dejar "sin efectos prácticos" el recurso al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central de la ley de pobreza energética y emergencia habitacional.

"Un instrumento legal nuevo que continúe dotando a los actores de este ámbito -alcaldes y Generalitat- de herramientas útiles, prácticas y seguras", ha resumido.

Puigdemont ha informado en conferencia de prensa de la reunión de dos horas con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, los grupos parlamentarios, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y otros ediles, así como representantes de entidades sociales, con el objetivo de hacer frente al recurso del Gobierno central contra la ley catalana de pobreza energética y emergencia habitacional.

El presidente catalán ha expresado el compromiso "claro y explícito" del Govern de "dejar sin efectos prácticos" la suspensión del Constitucional derivada del recurso del Gobierno central, con el fin de mantener las "herramientas" ante las necesidades de vivienda y pobreza energética.

La vía escogida, ha dicho, es impulsar una nueva ley "para sustituir todo aquello suspendido" pero que recoja también lo que no se ha anulado, con el fin de que integre todos los elementos para dotar al mundo local, a la Generalitat y a los actores sociales de las "herramientas para dar respuesta de país con argumentos sólidos".

"Y esto lo haremos de forma muy rápida", ha remarcado Puigdemont, que ha anunciado que mañana mismo el departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat, el grupo promotor de la ILP y el Consejo de la Abogacía de Barcelona iniciarán los trabajos para un proyecto de ley "de lectura única" que regule lo que el Gobierno central quiere "limitar" y que se tramitará "con toda la celeridad" que permita el Parlamento catalán.

También ha anunciado que se reunirán este miércoles las mesas unidas de gestión de desahucios y de pobreza energética.

El presidente catalán ha dicho que son necesarias "soluciones rápidas" y de forma "coordinada" porque "uno de los temores -ha subrayado- es que haya una ola de desahucios tras el recurso" al Constitucional.