El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado como investigado al consejero andaluz de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, por la adjudicación de una obra cuando era vicerrector de la Universidad de Sevilla.
El consejero ha sido citado el 10 de mayo a las diez y media de la mañana en la Sala Civil y Penal, con sede en Granada, en el marco de las diligencias abiertas tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior de Andalucía, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
En el auto de apertura de diligencias previas, fechado el pasado 12 de abril, la Sala se declara competente para investigar la denuncia dirigida contra Arellano por unos hechos en los que habría participado en su calidad de antiguo titular del Vicerrectorado de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.
La Fiscalía Superior de Andalucía denunció por presunta prevaricación administrativa y falsedad en documento público al consejero tras una denuncia del Colegio de Arquitectos de Sevilla sobre la adjudicación del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).
La citación se produce después de que el TSJA abriera diligencias y aludiera a los informes de la Policía judicial en la investigación penal de la Fiscalía y a otra documentación recabada, que "conducen a apreciar la posible existencia de irregularidades" en la contratación de un edificio universitario, según el Alto Tribunal.
La obra por la que el consejero está siendo investigado consistía en la construcción de 25.800 metros cuadrados y estaba presupuestada en 34 millones de euros, según la denuncia, y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.
El TSJA, en su auto de apertura de diligencias, se refiere a "la posible existencia de irregularidades en los procesos de contratación por la Universidad de Sevilla del Proyecto Básico, del "Estudio Preliminar de instalaciones", del Proyecto de Ejecución y de la Dirección de obra del Edificio Universitario de Espacios Tecnológicos", todo lo cual suma 747.138 euros.
Las posibles irregularidades habrían tenido como objetivo "una elección no concurrencial de un determinado estudio de arquitectura en detrimento de otros", según el TSJA.
"No puede descartarse que la adjudicación" del proyecto básico al estudio de arquitectura beneficiado "fuera el resultado de una designación discrecional revestida de un aparente procedimiento negociado sin publicidad, formalmente correcto en función de la cuantía del contrato, pero acaso inexistente", indica el auto.
Para ello, puede que una de las tres propuestas presentada fuera "falseada" porque una de las arquitectas proponentes asegura que no presentó oferta y que la firma no era suya.
Además, el auto indica que "no puede descartarse que el estudio del señor Jiménez Ramón hubiese comenzado a confeccionar el proyecto básico antes de resultar adjudicatario" y que la adjudicación a la misma empresa del estudio preliminar de instalaciones "fuese igualmente el resultado de una designación discrecional revestida de un aparente procedimiento negociado sin publicidad", según el TSJA.
