Caso Imelsa

El juez inicia el proceso para imputar a Rita Barberá

La Fiscalía sospecha que blanqueó con las donaciones de 1.000 euros el remanente que Grau dejó en la caja B

23.02.2016 | 15:03
Rita Barberá, en una imagen de archivo.

La Mesa del Senado ha acordado este martes trasladar al Tribunal Supremo (TS) la solicitud de certificación acreditativa de la condición de senadora de Rita Barberá formulada por el juez instrucción número 18 de Valencia para determinar si es competente para investigarla.

"No corresponde al Senado contestar al juzgado", ha explicado el vicepresidente de la cámara, Pedro Sanz, al término de la reunión de la Mesa, que considera que debe ser el Supremo el que comunique al órgano judicial inferior si la exalcaldesa valenciana ostenta o no la condición de senadora.

Por eso, ha precisado Sanz, la petición debería haberse dirigido directamente al alto tribunal, en lugar de al presidente del Senado, Pío García-Escudero.

En su petición, el juez solicita a la Mesa del Senado que "a los efectos de determinar la competencia del órgano judicial sobre hechos referidos a la causa penal referenciada que se sigue en este juzgado" remita "certificación sobre la condición actual de senadora en la presente legislatura" de Rita Barberá.

El juez de instrucción número 18 de Valencia que investiga la pieza separada de la Operación Taula en el Caso Imelsa había dirigido un escrito al Senado en el que pide que acredite la condición de senadora de Rita Barberá para determinar si es competente para investigarla.

En un escrito dirigido al presidente del Senado, Pío García-Escudero, el juez busca así acreditar la condición de aforada de la exalcaldesa de Valencia, lo que le impediría investigarla y le obligaría a remitir la causa al Tribunal Supremo.

Barberá, desde el primer día
El nombre de Rita Barberá salió a relucir desde el primer momento en el que se destapó públicamente la Operación Taula, a finales del pasado mes de enero.

Tanto Fiscalía Anticorrupción como la Guardia Civil sospechan --de forma indiciaria-- que tanto Barberá como el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exvicepresidente del Gobierno valenciano y diputado del PP por Alicante Gerardo Camps estarían implicados en el presunto blanqueo del dinero que se está investigando y que principalmente estaba orquestado por el exvicepresidente de la Diputación y exgerente de Ciegsa -empresa pública de la Generalitat-- Máximo Caturla, han informado fuentes conocedoras del procedimiento.

Sin embargo, ninguna de estas tres personas --ni Barberá, ni Francisco Camps ni Gerardo Camps-- han sido detenidas o citadas a declarar en calidad de investigadas en el juzgado por este asunto, puesto que la ley no lo permite. Al tener los tres la condición de aforados, el juzgado de Valencia que lleva el procedimiento, cuando tenga suficientes indicios, debería remitir la causa a un órgano superior, en esta ocasión el Tribunal Supremo, puesto que la exprimera edil es senadora.

Los investigadores estaban esperando a que terminen de declarar los investigados en la pieza del supuesto blanqueo del PP --los interrogatorios concluyeron este lunes-- para determinar si con sus testimonios, documentos y grabaciones que obran en la causa pueden pedir la imputación de Barberá, Francisco Camps y Gerardo Camps.

El juzgado de instrucción número 18 de Valencia investiga el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos fraudulentos y la posible derivación en una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia.

Así, la Fiscalía Anticorrupción va a pedir que se impute a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora Rita Barberá por un presunto delito de blanqueo de capitales dentro de la llamada Operación Taula. De hecho, el fiscal prepara ya su solicitud para que el juez que entiende del caso eleve al Tribunal Supremo -el único competente para enjuiciar a la exmandataria por su condición de aforada- un escrito razonado en el que reclame su imputación, según una información hecha pública hoy por la Cadena Ser citando fuentes del caso.

Anticorrupción acusa a Barberá de "blanquear 50.000 euros" a través de la petición de donación de 1.000 euros hecha a concejales y asesores del PP de Valencia de cara a la última campaña electoral. Por estos hechos está imputada la cúpula del partido en el 'cap i casal' y Génova ha obligado a refundar la agrupación con una gestora que, desde el viernes, dirige Luis Santamaría.

Esos 50.000 euros proceden, siempre según la versión ofrecida por la Ser, del "remanente que Alfonso Grau dejó en la caja B" del partido cuando tuvo que dimitir tras su imputación en el caso Nóos. El exvicealcalde de Valencia se encuentra hoy sentado en el banquillo de los acusados por este último caso en la Audiencia de Palma, aunque ayer fue detenido por un nuevo escándalo. La Guardia Civil lo acusa de un supuesto cohecho por recibir regalos a cambio de adjudicaciones a una empresa de autobuses.

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