Acciones en clubes de fútbol, barcos o colecciones de cuadros, coches o sellos se cuentan entre las inversiones más curiosas que los diputados de esta XI legislatura han incluido en sus declaraciones de bienes, más allá de las tradicionales inversiones en bienes inmobiliarios o financieros, que siguen siendo mayoritarias.

Así, hasta tres parlamentarios tienen participaciones en sus clubes favoritos. Se trata de Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias), que tiene ocho acciones en el Sporting de Gijón valoradas en 300 euros; el expresidente del Congreso Jesús Posada (PP), que posee una acción del Numancia por 577 euros; y el también 'popular' José María Chiquillo, que pagó 55 euros por su participación en el Valencia.

Por su parte, José María Barrios (PP) se decanta por invertir sus ahorros en una colección de coches que posee a medias con su pareja y que incluye una decena de vehículos. El resto de los diputados declara uno, dos o hasta tres vehículos de uso habitual y alguna motocicleta, aunque Jorge Luis Bail (Podemos) declara una bici urbana.

Otros tres parlamentarios, todos ellos 'populares', tienen barco: el ministro en funciones José Manuel García-Margallo, que tiene un Sealine F44 y la cesión de uso y disfrute de un amarre en Burriana (Castellón); el canario Pablo Matos, que tiene la cuarta parte de una embarcación de 10 metros de eslora; y Juan María Vázquez Rojas, que posee un "barquito de recreo" de 5,5 metros que adquirió de segunda mano.

Más difíciles de valorar resultan otras colecciones incluidas en las declaraciones de bienes, que recoge Europa Press. Carmelo Romero (PP) declara un "ajuar doméstico" por 26.314 euros aunque sin precisar qué contiene, mientras su compañero de filas Miguel Lorenzo tiene cuadros de varios artistas por un valor "indeterminado". Por su parte, la 'popular' Susana López Ares posee una colección de sellos de España, Andorra y Guinea y otra de sobres 'Primer día' de España, ambas desde 1975, cuyo valor no precisa.

Participaciones en el casino y un hotel en Bogotá

Otras posesiones curiosas son los 15.000 euros de participaciones de Andrés Ayala (PP) en un club náutico, la "cabaña rústica" de Ana Madrazo (PP) en Cantabria, la acción del Casino de Tenerife de Pablo Matos (PP) o el hotel Fidis Bacatá en Bogotá (Colombia) del que es copropietario Rubén Martínez Dalmau (Podemos).

Además, algunos son propietarios de multitud de bienes inmobiliarios -de forma directa o a través de sociedades de las que participan-, aunque destaca el 'popular' Arturo García-Tizón, con seis viviendas en Chinchón, Madrid y Toledo; tres fincas rústicas en Chinchón y Valdelaguna, diez plazas de garaje en Chinchón y Madrid, y otra en Toledo, además de un balcón en Chinchón. Algunas de estas propiedades son herencias y en muchos casos el diputado es copropietario al 50%.

Entre los bienes rurales reseñables se incluyen los campos de arroz que el diputado de Compromís Joan Baldoví heredó el año pasado, parte de un refugio en Huesca de Pedro Arrojo (Podemos), o las tierras de secano que el 'popular' Miguel Barrachina heredó en un municipio cercano a Segorbe (Castellón), donde era alcalde. Este diputado posee además un tractor y se declara agricultor a tiempo parcial.

Mientras, el socialista Ramón Socias reconoce tener 5,23 euros en acciones de Bankia, aunque está en "fase de reclamación"; y Enric Bataller, de Compromís, admite una deuda de 6.500 euros en su tarjeta.

¿Cuánto ganan de los partidos?

La declaración de bienes también incluye los ingresos de 2014, aunque la falta de unas normas claras sobre cómo cumplimentar este documento hace que no todos incluyan los mismos conceptos. De hecho, los documentos de 18 diputados aún no están siquiera publicados.

Aunque los que fueron parlamentarios la pasada legislatura pueden no declarar sus ingresos del Congreso o el Senado, hay algunos que no precisan lo que recibieron de otras administraciones públicas, y la mayoría no indica qué cobraron de su partido, aunque sí las cuantías adicionales por sus cargos en la dirección del grupo parlamentario.

De hecho, sólo el jefe de Gabinete de Presidencia, Jorge Moragas, incluye en su sueldo lo que cobra del Ministerio, los trienios y del PP (113.130 euros), aunque sin desagregar por procedencia; y el secretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual, incluye 24.730 euros de su nómina del partido. También el diputado morado Seguir Guijarro declara 8.000 euros del partido que se suman a los 32.000 del Ministerio de Exteriores de Ecuador.

La socialista Sonia Ferrer declara que sus ingresos procedían de la Delegación de la Junta de Andalucía en Almería, pero no precisa la cuantía; y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, tampoco indica su salario aunque sólo pagó de IRPF 172,52 euros. Mientras, diputados como Segundo González (Podemos) detalla incluso que posee un portátil y un móvil valorados en 1.200 euros.

Ingresos por actividades privadas

Por otra parte, muchos recibieron autorización para compatibilizar su actividad de diputados con otras actividades. Es el caso de José Vicente Marí Bosó (PP), que a los 38.400 euros que percibió como consejero de Hacienda y diputado en Baleares sumó 19.000 euros por su trabajo en una auditoría y como abogado; o el de Félix Alonso Cantorné (Podemos), que percibió 14.300 euros como alcalde de Altafulla y casi 40.000 euros más por su trabajo en el diario Sport.

Entre los que percibieron unos ingresos más abultados de su ámbito privado destaca la 'popular' Carmen Álvarez-Arenas, que ingresó 146.800 euros de rentas por una empresa familiar y otros 10.570 euros por su pensión de viudedad. Eso sí, su declaración de IRPF del ejercicio anterior ascendió a 85.100 euros, y además en 2015 adquirió una deuda hipotecaria de 385.500 euros por la compra de un piso y dos plazas de garaje.

Su compañero Juan María Vázquez Rojas incluye en su documentación que es "coinventor de dos familias de patentes" de la Universidad de Murcia, aunque no precisa si percibió ingresos por ello; mientras que Íñigo Alli (UPN) se acogió voluntariamente a las bajas incentivadas de CaixaBank e ingresó 210.000 euros. Además, es propietario de una consultora, aunque asegura haber renunciado a los derechos económicos.