La pobreza infantil y energética y los desahucios son las medidas de aplicación "inmediata" que incluye el plan de choque social de Junts pel Sí y CUP, para el que contemplan una dotación de 270 millones de euros sin haber cerrado, no obstante, acuerdo alguno sobre los Presupuestos de la Generalitat.
En una conferencia de prensa en el Parlament, el diputado de Junts pel Sí Raül Romeva ha presentado hoy "la propuesta de acuerdo", trabajada con la CUP en los últimos dos meses y que el partido antisistema elevará a su Asamblea Nacional del próximo 27 de diciembre para que la avale.
Son 61 páginas que abordan un gobierno de "transición" hacia una "república catalana" con una Presidencia coral capitaneada por Artur Mas, el proceso constituyente y el plan de choque social.
Sobre este último punto, Romeva ha afirmado que "personalmente" cree que sería asumible por Catalunya Sí Que Es Pot, aunque ha descartado que en este momento esté sobre la mesa la opción de tejer alianzas con un socio alternativo a la CUP.
En cuanto al controvertido complejo turístico BCN World, el documento señala que se deja "en suspenso" la tramitación del plan director urbanístico y se abre un grupo de trabajo para revisar el proyecto.
En referencia a la empresa Aigües Ter Llobregat, el texto no especifica si se revertirá la adjudicación a una empresa privada y deja el asunto para el proceso constituyente, momento en el que se debatirá el modelo de gestión del agua.
Ante las urgencias sociales, el documento señala medidas que deben aplicarse de forma "inmediata" en tres áreas prioritarias: la pobreza infantil, la energética y la prevención de desahucios, sin especificar partidas presupuestarias concretadas.
En sanidad, el documento insta a aplicar una moratoria en el Consorcio Sanitario de Lleida para garantizar que lo configurarán únicamente entidades públicas; incluye fondos para la reducción de listas de espera (96 millones) y pide reabrir algunos centros de atención primaria y de urgencias.
El documento incluye la recuperación de la renta mínima de inserción como "derecho subjetivo" (70 millones de euros adicionales) y un aumento de plazas de residencia y servicios a domicilio para personas con dependencia (50 millones de euros).
También emplaza a invertir en centros educativos de zonas más desfavorecidas para reducir la ratio de alumno por aula (5 millones) y a incrementar plazas públicas de guarderías o reducir las cuotas que abonan las familias (15 millones). En cuanto a vivienda, el documento prevé 10 millones de euros para aumentar el parque público y ampliar ayudas al alquiler, y otros 10 millones para un plan de barrios.
La propuesta contempla asimismo impulsar la dación en pago, la reconversión del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en un banco público y preparar los marcos para que pueda haber un salario mínimo de 1.000 euros en la hipotética Cataluña independiente.
