La jefa de personal del PP, Milagros Puentes, ha sido citada el 22 de diciembre para prestar declaración como imputada en relación a la denuncia que interpuso contra ella el extesorero del partido Luis Bárcenas por haber supuestamente aportado un documento falso en el juicio sobre su despido.

En su denuncia, que ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid, Bárcenas acusaba a Puentes de haber mentido en relación con el pleito del extesorero por despido improcedente y en el que el reclamaba su readmisión en el partido.

Dentro de ese procedimiento, Bárcenas aportó un documento fechado el 12 de febrero de 2010, sellado por el PP y firmado por Puentes por el que pedía su readmisión tras su excedencia como senador.

A este respecto, Puentes aseguró "que el mencionado escrito nunca le ha sido entregado, remitido o exhibido por su remitente (Bárcenas), y no ha puesto en el mismo sellos o firma una acreditación de su recepción".

Según la denuncia de Bárcenas, a la que ha tenido acceso Efe, Puentes, "en contra de lo evidente, manifiesta ante notario no haber firmado el documento aportado" por el extesorero.

Para Bárcenas, con esto la jefa de personal del PP "comete una falsedad al negar la veracidad de un hecho y todo ello con la única finalidad de provocar un error en el tribunal" que debía resolver su recurso contra la sentencia de un juzgado de lo social de Madrid que le denegaba su readmisión en el partido.

Tras la presentación de la denuncia, el juez Arturo Zamarriego, que adjuntó al procedimiento el pasado julio un informe pericial para determinar la autenticidad del documento, ha citado a Puentes como imputada para el próximo 22 de diciembre a las 10.00 horas, dos días después de las elecciones generales, según consta en una providencia.

Bárcenas aportó este documento con la supuesta firma de Puentes junto a su recurso a la sentencia del Juzgado de lo Social número 31 de Madrid, que rechazó que el PP deba readmitirle en su puesto de tesorero ni que deba indemnizarle con 900.000 euros como este pretendía, al entender que se trata de una petición "fuera de plazo".

Según la juez, la petición era extemporánea porque habían transcurrido cinco años desde que finalizó su excedencia para ser senador por Cantabria, de 2004 a 2010.