Este martes se cumplirán cuatro años desde el anuncio del cese definitivo de la violencia de ETA, el inicio de una nueva etapa en Euskadi a la que los vascos se adaptan más rápidamente que sus responsables políticos.

Mientras los ciudadanos se acostumbran con naturalidad a vivir sin ETA, a la que han excluido ya de sus preocupaciones diarias, los partidos e instituciones vascas siguen enredadas, cuatro años después, en discusiones terminológicas y foros paralizados para tratar de recomponer la convivencia y mirar al futuro sin olvidar el pasado.

Apenas se han dado pasos en el tablero político, mientras la organización terrorista está encallada en su supuesta intención de entregar las armas y se limita a mantener retóricamente sus compromisos mientras se ve nuevamente descabezada.

Durante el último año no se ha registrado ningún avance en el camino al desarme definitivo de ETA ni tampoco ha habido movimientos en la política penitenciaria del Gobierno, mientras que las fuerzas de seguridad del Estado han continuado trabajando para arrestar, el mes pasado, a los considerados máximos dirigentes de la organización terrorista.

Fueron David Pla e Iratxe Sorzabal, precisamente quienes leyeron hace cuatro años el comunicado que puso fin a su actividad violenta.

El trabajo político en este contexto se centra en cerrar heridas y asentar la convivencia futura sobre unas bases lo más consensuadas posibles, aunque el relato de las décadas de violencia vividas en Euskadi sigue siendo una materia resbaladiza sobre la que resulta difícil tejer entendimientos.

El papel más activo en esta labor lo ha protagonizado el Gobierno vasco, que ha impulsado iniciativas relacionadas con la memoria, a través de contactos directos con asociaciones de víctimas de ETA, la elaboración de un informe sobre los atentados sin resolver y el impulso de homenajes en cada municipio escenario de algún atentado.

El Ejecutivo autonómico también ha anunciado planes para facilitar la reinserción de los presos de ETA y ha ofrecido su colaboración para facilitar el desarme definitivo de la organización terrorista.

Paralelamente, los partidos vascos siguen sin encontrar puntos de encuentro para ordenar el final de la violencia, aunque han aprobado algunas iniciativas en el Parlamento vasco, como la creación del Instituto de la Memoria, eso sí, con la oposición del PP y UPyD.

La ponencia sobre Paz y Convivencia continúa en punto muerto y el intento más significativo de desbloquearla le ha costado el cargo a la ya expresidenta del PP vasco Arantza Quiroga, quien trató de abrir un nuevo escenario al plantear una ponencia en términos que pudieran concitar adhesiones de todos los partidos, incluido EH Bildu.

Este intento, planteado por Quiroga sin haberse asegurado previamente apoyos firmes en su propio partido, murió a las 24 horas y no es previsible que el nuevo PP vasco de Alfonso Alonso pretenda continuar por esa vía tras el terremoto interno vivido en los últimos días.

Mientras tanto, la izquierda abertzale sigue dando tímidos pasos, sobre todo en el terreno retórico, hacia una revisión crítica de su pasado, con declaraciones como las del presidente de Sortu, Hasier Arraiz, quien dijo que la violencia "nunca es el mejor camino", tampoco en el pasado, una reflexión que no se acerca aún a una condena expresa de la trayectoria de ETA.

Sin embargo, estas manifestaciones contrastan con los continuos gestos de simpatía y homenaje que cargos públicos y militantes de la izquierda abertzale continúan brindando a personas condenadas por haber ejercido la violencia en las filas de ETA.

Los ciudadanos, entretanto, van "por delante", como dijo el miércoles Arantza Quiroga: El último Sociómetro del Gobierno vasco sitúa el epígrafe "violencia, terrorismo, presos, proceso de paz" como el undécimo problema que más preocupa a los vascos, a quienes antes quita el sueño el trabajo, la economía, la situación política y la corrupción.

Las elecciones municipales y forales del pasado mayo mostraron otro síntoma de normalización social, ya que por primera vez la izquierda abertzale se enfrentó a una evaluación vinculada con su gestión, sobre todo en Guipúzcoa, donde salió malparada sobre todo por su incapacidad de trascender de su propio espectro sociológico en el día a día de su labor institucional.

El apoyo electoral de la izquierda abertzale siempre había fluctuado en función de la actividad de ETA -crecía en periodos de tregua y menguaba cuando se recrudecía el terrorismo-, pero estos parámetros han sido ya sustituidos por otros más convencionales, ligados directamente a su acción de gobierno en las instituciones.

Esos comicios significaron la reedición de acuerdos de gobierno PNV-PSE, una fórmula histórica en Euskadi, truncada en 1998 por la firma del Acuerdo de Lizarra. Otro síntoma más de la adecuación del País Vasco a la nueva era postETA.