El PP ha rechazado este martes en la Comisión de Justicia del Congreso "mirar hacia atrás y reabrir heridas" y apoyar una proposición no de ley (PNL) destinada a instar a que se adopten las medidas necesarias para juzgar en España a los 17 cargos franquistas reclamados por la juez argentina María Servini, acusados de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura.

Durante el debate de la proposición -registrada con las firmas de IU-ICV-CHA y por Amaiur, Esquerra Republicana (ERC), el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Compromís y Geroa Bai- la diputada Rocío López ha calificado como "intolerable" el reproche formulado por los representantes de estas formaciones respecto al incumplimiento de la ley en el que, en su opinión, se ha incurrido en este asunto.

La diputada 'popular' ha pedido que se permita a las nuevas generaciones "mirar al futuro con esperanza" y olvidar debates como éste que sólo sirven "para fomentar la división". La iniciativa pretendía que se instara al Gobierno a revocar su negativa a extraditar a Argentina a cargos del régimen franquista investigados por la comisión de crímenes contra la humanidad o bien a impulsar que sean juzgados en España.

La juez argentina María Servini, que investiga delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, solicitó a España en noviembre de 2014 la extradición de una veintena de acusados (tres de los cuales ya han fallecido) para poder tomarles declaración en su país. En esa lista figuraban varios exministros de Franco como Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.

El PP ha recordado que la Audiencia Nacional determinó, en dos resoluciones sobre el exinspector Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar, que los hechos atribuídos por la juez Servini no pueden calificarse como delitos de lesa humanidad sino de torturas, por lo que se encuentran prescritos.

Además, ha reprochado al Grupo Mixto que defienda que se promueva "una injerencia en el poder judicial" y ha pedido respeto a la Constitución. En este punto, López se ha dirigido en concreto al diputado de Amaiur Sabino Cuadra. "¿Qué le voy a decir al señor Cuadra de respeto a la Constitución cuando se atrevió a romper en esta Cámara la Carta Magna?", le ha espetado. "Es necesario saber olvidar y evitar rencillas: Si quieren reabrir heridas, con nosotros no van a contar", ha concluido.

Tampoco el PSOE se ha mostrado partidario de apoyar la propuesta. A través del diputado Pablo Martín, los socialistas se han ofrecido a trabajar en una propuesta alternativa destinada a garantizar "restauración y reparación" para las víctimas.

En defensa de la propuesta, Cuadra ha cargado contra el PP al que ha acusado de portar "anclajes personales e incluso genéticos" con el régimen franquista. El representante de IU Ricardo Sixto ha recordado, por su parte, que las víctimas siguen reclamando la Justicia que se les ha negado durante décadas. "Su memoria ha sido aplastada y laminada sin cesar", ha agregado.

El Gobierno denegó la petición de extradición en marzo de este año, pero, según los impulsores de la proposición no de ley que se debate este martes en el Congreso, en virtud de la norma convencional y consuetudinaria de Derecho Internacional 'aut dedere aut judicare' (extraditar o juzgar), "un Estado no puede ni debe proteger a personas sospechosas o acusadas de haber cometido delitos internacionales".

Por eso sostienen que si el Gobierno mantiene su negativa a extraditar estas personas a Argentina debe "ejercer su jurisdicción" y, para ello, le instan a remitir a la Fiscalía y los juzgados competentes el auto dictado por Servini para que sea estudiado y se cite a declarar a "los perjudicados por los delitos" con el fin de que éstos "puedan impulsar los correspondientes procesos penales, efectuándoles a tal efecto ofrecimiento de acciones".

Las formaciones que reclama que se juzgue a estos cargos franquistas ya sea aquí o en Argentina aluden también a una resolución de Naciones Unidas de 1973 que establece que "los crímenes de guerra y de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, serán castigadas".