El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha señalado que la imputación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, por el 9N no se produjo antes para no interferir en las elecciones autonómicas, pero que una vez pasados los comicios ve "lógico y razonable" que la Justicia siga con sus trámites.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar como imputado a Mas, para el próximo 15 de octubre, en la causa abierta a raíz de la querella que presentó la Fiscalía por convocar la consulta alternativa del 9N, y también ha citado a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, en ambos casos para el día 13.

"Lo que ha tomado en consideración el TSJC es no haber interferido en el proceso electoral y no haber llevado este tipo de actuación a las últimas semanas, donde seguramente si hubiera podido haber una cierta contaminación de un proceso judicial y electoral", ha dicho Catalá a los medios tras reunirse con la consejera de Justicia de Navarra, María José Beaumont.

El titular de Justicia ha explicado que el TSJC ha tenido cuidado para "no mezclar los tiempos jurídicos y políticos", si bien una vez finalizadas las elecciones "es lógico y razonable que la Justicia continúe con sus trámites y con sus tiempos".

Respeto del PSOE

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha manifestado hoy su respeto a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de citar a declarar como imputado al presidente en funciones Artur Mas por la consulta del 9N y su convencimiento de que "va a ser respetada por todos".

"En estos momentos lo que corresponde es respetar la decisión de la Justicia y mostrar nuestro convencimiento de que todos la respetarán", ha recalcado Hernando, preguntado por este asunto en rueda de prensa en el Congreso.

Sobre si esta imputación legitima o deslegitima la candidatura de Mas a presidente de la Generalitat, el portavoz socialista no ha querido pronunciarse, si bien ha recordado que, aunque los socialistas ya dijeron que acataban las decisiones de la Fiscalía, "no resolvían los problemas de fondo".