José María Ruiz-Mateos ha fallecido a los 84 años y tras más de 30 de tiras y aflojas con la Justicia española, en los que convirtió cada comparecencia ante los tribunales en un espectáculo. Con motivo de su muerte, hacemos un repaso al largo peregrinaje del empresario jerezano por los juzgados de nuestro país.

Todo comenzó el 23 febrero de 1983, cuando el ministro de Economía, Miguel Boyer, expropió Rumasa, el grupo empresarial fundado por Ruiz-Mateos, por motivos de utilidad pública, al considerar su situación de quiebra técnica. El empresario huyó entonces a Londres, pero el auto de procesamiento por los delitos de apropiación indebida, falsedad, delitos fiscales y estafa dictado contra él le obligó a desaparecer durante varios meses, hasta que fue detenido en el aeropuerto de Fráncfort (Alemania) en abril de 1984.

En julio del mismo año, Ruiz-Mateos salió en libertad de la prisión alemana de Fráncfort tras pagar una fianza de 550 millones de pesetas (3,3 millones de euros), siendo extraditado a España en noviembre del siguiente año, donde la Audiencia Nacional le concedió el arresto domiciliario. Pese a ello, el empresario volvió a la cárcel meses después por negarse a pagar la fianza.

En verano de 1986, Ruiz-Mateos abandonó la cárcel tras satisfacer la fianza, pero un año después volvió a protagonizar otro desplante ante la Justicia al no presentarse en la Audiencia Nacional y marchar con su familia a visitar santuarios marianos, lo que le llevo a ser detenido de nuevo, quedando libre bajo fianza de un millón de pesetas (6.000 euros).

En 1988, el empresario jerezano continuó con sus espectáculos ante los tribunales ausentándose en agosto en la Audiencia como protesta por la tardanza en ser jugado, por lo que volvió a ser detenido en septiembre y se le impuso la libertad provisional bajo fianza de cien millones de pesetas (600.000 euros), que posteriormente se redujeron a diez (60.000 euros). En octubre, durante una comparecencia en la Audiencia, insultó a la fiscal y, aprovechó un descuido de los policías para huir disfrazado con una peluca, siendo atrapado en Lepe al mes siguiente. Finalmente quedó libre tras pagar una fianza de 10 millones de pesetas (60.000 euros).

Agresión a Boyer

El 3 mayo 1989, Ruiz-Mateos protagonizó uno de los momentos más conocidos al agredir a Miguel Boyer a la salida de un juzgado de Madrid. "¡Que te pego, leche!", gritó el empresario al ministro. Ese mismo año, el empresario fue elegido eurodiputado y el "caso Rumasa" pasó al Tribunal Supremo.

En octubre de 1991, el Tribunal Supremo falló contra la reversión de las empresas expropiadas y dos años después, el Tribunal de Estrasburgo sentenció que en el proceso de expropiación se violó el derecho de Ruiz-Mateos a ser oído, pero negó cualquier indemnización. En 1994, Ruiz-Mateos no renovó como eurodiputado y el caso regresó a la Audiencia Nacional, que absolvió al empresario y al resto de acusados, aunque consideró probadas falsedades e impagos de impuestos.

En 1999, el Tribunal Supremo confirmó la absolución y en 2001 hizo lo mismo con los criterios de valoración utilizados en la expropiación y fijó el justiprecio a pagar a Ruiz-Mateos en cero pesetas.

En octubre 2005, el empresario volvió a ser condenado por la Audiencia Nacional a tres años de prisión y a una multa de 21.600 euros por alzamiento de bienes, en la compra de la agencia de viajes "Mundo Joven", ingresando en la cárcel el 26 de junio del 2007. Seis días después, se le concedió el tercer grado por su avanzada edad.

El 1 de agosto de 2012 se declaró una orden de busca y captura contra Ruiz-Mateos tras su incomparecencia en un juicio por estafa en la venta de un hotel de Mallorca. El 22 fue detenido y, horas después, puesto en libertad por razones humanitarias. El 28 fue nuevamente detenido y puesto a disposición del juzgado, hasta que la juez de Palma ordenó su libertad al día siguiente.

Ya en 2015, el empresario fue condenado el 10 de febrero a saldar la deuda con los acreedores de Trapa: 128 millones de euros. En abril, repitió con una nueva incomparecencia ante un juzgado de Valladolid, donde debía prestar declaración por un fraude fiscal de ocho millones de euros, presuntamente cometido junto a su hijo José María y otra mujer.

El 17 de junio entró en la prisión madrileña de Soto del Real, desde donde fue conducido al Hospital Gregorio Marañón para su ingreso, dado su estado de salud.