La Policía Nacional ha detenido a sesenta y ocho personas e imputado a otras noventa y ocho en una operación contra el fraude a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo en las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha.
Los agentes han investigado veintiocho empresas ficticias que habrían defraudado más de dos millones de euros simulando relaciones laborales en los sectores de hostelería, construcción, limpieza, jardinería y mensajería, informa la Dirección General de la Policía.
Entre los implicados se encuentran los administradores mercantiles, personas que obtuvieron fraudulentamente prestaciones o subsidios y ciudadanos extranjeros que regularizaron su situación administrativa en España también gracias al fraude.
La operación se ha desarrollado en el marco del plan contra el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular desde que hace varios meses ser detectara un importante número de empresas sospechosas en Madrid y Guadalajara.
Tras el estudio de documentación del Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y las direcciones provinciales de la Inspección de Trabajo se constató la simulación de la relación laboral entre veintiocho mercantiles y sus trabajadores que pretendían beneficiarse de tal situación jurídica.
Una vez confirmada la existencia de estas irregularidades se coordinaron diferentes operativos que han culminado con el arresto de sesenta y ocho personas y la imputación de otras noventa y ocho por diferentes tipos de delitos, entre los que destacan falsedades documentales, estafas y otros cometidos contra los derechos de los trabajadores.
Los implicados utilizaban empresas ficticias de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores a los que daban de alta en la Seguridad Social a cambio de dinero.
Los administradores de las mercantiles investigadas declaraban realizar actividad laboral en ámbitos de hostelería, construcción, mensajería, limpieza y jardinería.
Los supuestos trabajadores conseguían acumular los mínimos periodos de carencia exigidos para acceder a prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social y mediante la utilización de los falsos contratos lograban el acceso a autorizaciones de residencia y trabajo para ciudadanos extranjeros.
