La causa de los ERE, por la que este martes el Tribunal Supremo ha citado a declarar como imputados a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acumula 266 acusados e investiga 855 millones de euros de fondos públicos, concedidos en 12 años para empresas en crisis.
Desde que el Supremo asumió la investigación del caso el pasado 13 de noviembre, la juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, ha imputado a 37 personas más, la mayoría de ellas la semana pasada y por ayudas concedidas a empresas de todo tipo de la Sierra Norte sevillana.
Alaya, cuando elevó el caso al Supremo, cifró la aplicación ilegal de fondos públicos en 855 millones de euros y responsabilizó de ello a la cúpula del Gobierno andaluz entre los años 2001 y 2011.
Según las investigaciones judiciales, el reparto de los fondos se tramitó a través de los sindicatos UGT y CCOO así como de empresas consultoras y aseguradoras, cuyos responsables están imputados, igual que los dirigentes de empresas e instituciones beneficiarias y de las consejerías implicadas en el procedimiento.
En la exposición razonada que envió el pasado agosto al Supremo, Alaya señaló la existencia de indicios para imputar a nueve aforados, cinco de ámbito nacional y cuatro regional.
El Supremo se encargó de la causa sobre Chaves, Griñán, Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera, todos ellos miembros de las Cortes Generales y los tres últimos exconsejeros andaluces.
La primera de las declaraciones de los aforados ante el Supremo será la de Viera el 7 de abril, el mismo día en el que Alaya ha citado en su juzgado a dos exconsejeros -Antonio Fernández y Martín Soler- y a la cúpula de la Consejería de Trabajo en la época en la que se concedieron las ayudas para ampliarles la imputación.
El Supremo ha citado a Griñán el 9 de abril, a Chaves el 14 del mismo mes, a Zarrías el 16 y a Moreno el 21 de abril, que es martes de Feria en Sevilla.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por su parte, recibió en enero pasado el caso por la presencia de cuatro aforados autonómicos -Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio-, exconsejeros de la Junta de Andalucía, que dejarán de ser aforados cuando se constituya el nuevo Parlamento andaluz el 16 de abril.
Las diligencias abiertas por la titular del Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla superan los 100.000 folios, según el la Fiscalía del Estado, que justificaba la imposibilidad de un enjuiciamiento conjunto de los procesados, tal y como solicitaba la magistrada.
La juez, en el auto remitido al Supremo en verano, dividió la exposición de los hechos en dos fases diferenciadas: una primera de ideación y diseño del procedimiento específico para canalizar las ayudas en general" destinadas a empresas; y una segunda con "la ejecución administrativa y material mediante la suscripción de convenios particulares de colaboración y de pólizas de seguro".
En esta segunda etapa solamente intervenían, según la exposición razonada de la juez, el responsable de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo y el Presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)".
Un sistema "sin sujeción a control"
Los hechos que se enjuiciarían serían la creación de un sistema de concesión de ayudas "sin sujeción a control alguno y dotarlo de los correspondientes fondos con la finalidad de lograr y mantener la paz social en Andalucía", según el razonamiento de la magistrada.
Por tanto, la Fiscalía del Supremo instó a que el caso se aborde en "piezas separadas que faciliten la instrucción y el posible enjuiciamiento de las distintas conductas, sea dividiéndolo por expedientes de concesión de ayudas sociolaborales o de empresas, salvo conexidad en cuanto a identidad de los sujetos beneficiarios, o por ejercicios presupuestarios".
