Mas esgrime la movilización en la calle para justificar el 9N

La petición ha entrado este miércoles en el registro del tribunal, donde la Generalitat ha presentado también escrito para personarse en el procedimiento abierto por el Constitucional contra ley de Consultas aprobada el viernes día 19 por el Parlamento catalán y contra el decreto de convocatoria del 9N firmado el sábado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

La Generalitat defiende en sus recursos ante el Tribunal Constitucional que la consulta del 9N puede ser un instrumento para vencer la "desafección" de los ciudadanos y la "crisis de representatividad" actual, manifestada en los altos índices de abstención y en las movilizaciones callejeras.

Así lo sostienen los abogados del gobierno catalán en los dos recursos que este miércoles han remitido al Tribunal Constitucional (TC) para pedir que se levante la suspensión cautelar de la ley de consultas y del decreto de convocatoria del 9N.

Entre los argumentos que se esgrimen para defender la consulta, destaca que podría ser una herramienta para vencer la tendencia a la "crítica y la desafección hacia las instituciones" de la sociedad actual, lo que "abunda en la necesidad urgente de establecer cauces legales a través de los cuales puedan manifestar sus aspiraciones".

En ese sentido, los recursos se remiten a la última estadística del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que revelan "grados verdaderamente alarmantes de insatisfacción y desafección", y detalla los resultados de esa encuesta, en la que el 47,6 % de los ciudadanos tilda de "muy mala" la situación política de España.

"Nuestras instituciones y, en general, el sistema de representación política y de gobierno no puede mostrarse satisfecho de estos resultados, ni esperar inactivos a que los tiempos y las circunstancias traigan mejores cosechas", sostiene el recurso.

Para los letrados de la Generalitat, esa desafección hacia la política se manifiesta en los "altos índices de abstención en los procesos electorales" y en las "movilizaciones masivas de ciudadanos expresando posiciones políticas insuficientemente representadas o atendidas en las cámaras legislativas" o los Gobiernos del Estado o de Cataluña.

Por ese motivo, los recursos llaman a "adoptar las medidas legislativas dirigidas a superar la crisis de representatividad" y defienden la consulta como un elemento de participación ciudadana que contribuiría a que el sistema "pueda recuperar unos buenos índices de legitimidad".

En ese sentido, los abogados recuerdan que son varias las instituciones europeas que recomiendan mecanismos de participación directa, "especialmente en el nivel local, a fin de reforzar la afección del público a las decisiones adoptadas por el poder político".

Otro de los argumentos que enarbolan los recursos es que, 35 años después de aprobada la Constitución, sus preceptos "ya no pueden ser leídos e interpretados del mismo modo", ya que el entendimiento del principio democrático "requiere una contextualización".

Para los abogados de la Generalitat, si bien la Constitución "llegó a relegar a supuestos de verdadera excepción las consultas populares y los referendos", hoy en día es preciso dar a esos instrumentos de participación "una función efectiva de encauzar la expresión por los grupos significativos de aquellas aspiraciones que no se sienten representadas en las instituciones".

En la misma línea abunda el recurso presentado por el Parlament al TC contra la suspensión de la ley de consultas, que recalca que los instrumentos de participación pública han adquirido "especial importancia en los últimos tiempos por la crisis de legitimidad que sufren los poderes públicos debido fundamentalmente a la concurrencia de factores económicos, sociales y políticos (...)".

"Pérdida de valor del sistema participativo"

Ello ha provocado, razonan los letrados del Parlament, "una notable desafección de los ciudadanos hacia las instituciones y una pérdida de valor del sistema democrático y participativo, tal y como ha funcionado hasta ahora".

Según el recurso, la calidad democrática de un Estado "también se mide por otros parámetros, siendo uno de los más importantes la capacidad de combinar la expresión "clásica" de la participación política mediante la elección de representantes con otros instrumentos que permitan a los ciudadanos ser partícipes directos en la toma de decisiones".

Pleno del TC

El escrito presentado por la Generalitat para que levante la suspensión del decreto será trasladado al abogado del Estado para que exprese su opinión sobre la petición.

Fuentes del tribunal han explicado a Efe que es difícil saber en estos momentos si esta petición de la Generalitat puede llegar a estudiarse en el próximo pleno ordinario que celebrará el Constitucional la semana que viene, en concreto desde el martes al jueves.