El exdirectivo de la consultora Vitalia Eduardo Pascual, que pasó 14 meses en prisión por la causa de los ERE, ha declarado hoy como imputado ante la juez Mercedes Alaya y ha acusado al PSOE de financiarse con el dinero de los expedientes laborales aprobados desde la Junta de Andalucía.

Según el acta de la declaración, Pascual ha afirmado que de la Junta de Andalucía salieron 98 millones de euros para Fortia Vida, empresa que, ha asegurado, controla el Partido Socialista de Catalunya (PSC), y de allí 18 millones se destinaron "al bolsillo" de las sociedades de cuatro empresarios vinculados con la cúpula del PSOE.

Ese dinero se invirtió en dos hoteles en la República Dominicana controlados por esos empresarios vinculados con el PSOE, ha dicho Pascual, quien ha afirmado fuera del despacho de la juez que lo investigado hasta ahora en los ERE "es sólo la punta del iceberg".

El exdirectivo de Vitalia ha declarado hoy tras la ampliación de la imputación que le hizo Alaya y después de que en agosto la magistrada enviara al Tribunal Supremo una exposición razonada del caso por la inclusión de aforados en la causa, como los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En su declaración, el exdirectivo, que reside en Barcelona, ha precisado que no se ha pronunciado antes sobre las relaciones de Fortia Vida y el PSOE "por seguridad personal" y que no se ha atrevido a hacerlo hasta que sus hijos no se han marchado a vivir fuera.

Eduardo Pascual salió de la cárcel el pasado 18 de junio tras catorce meses en prisión y después de depositar 6.000 euros de fianza y otros 5.000 euros de caución que fijó la Audiencia Nacional por el caso Eurobank.

Según ha dicho hoy, en prisión pasó cuatro meses en la misma celda con un testaferro del caso de los ERE, quien le dijo que Vitalia entregó en billetes 7 millones de euros a unas sociedades y a otros imputados, como el ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero.

Además, ha afirmado que uno de esos empresarios vinculados al PSOE tenía, en un despacho que ya ha cerrado, toda la documentación de Fortia Vida, que ha desaparecido.

También ha asegurado que la Generalitat autorizaba a Fortia Vida a realizar operaciones fuera de Cataluña siempre que las pólizas se suscribieran en esa comunidad y en contra del criterio de la Dirección General de Seguros, lo que, en su opinión, "apoya la tesis de la connivencia entre el PSC y el PSOE andaluz".

El exdirectivo ha añadido que todos los expedientes de regulación por los que le preguntaba la juez fueron captados por Fortia en virtud de ese acuerdo entre el PSC y el PSOE de Andalucía y que la Junta hacía las asignaciones a las empresas "a dedo".

Tras su declaración, ninguna de las partes personadas han pedido medidas cautelares contra el exdirectivo, que está acusado de los delitos de malversación y prevaricación.