El auto que hoy hará público el juez Castro, en el que pone fin a la instrucción del caso Nóos, ocasionará un grave disgusto a muchos de los imputados, que verán cómo el magistrado entiende que merecen sentarse en el banquillo de los acusados.

El escrito que ha redactado el juez tiene una carga histórica, por cuanto por primera vez propone que la infanta Cristina, la hermana de Felipe VI, se siente en el banquillo de los acusados para responder de un delito fiscal y otro de blanqueo de dinero. Sin embargo, la infanta Cristina no será la principal protagonista de la trama que se organizó a través del instituto Nóos. Este papel lo otorga a Iñaki Urdangarin y a Diego Torres, a los que situará al frente de este instituto sin ánimo de lucro que sirvió para asaltar las instituciones públicas y obtener financiación para los proyectos que organizaban. Y a pesar de que, teóricamente, el instituto no podía obtener beneficios, en realidad no fue así. El dinero se lo repartieron entre ellos dos.

Carlos García Revenga, el secretario de las infantas, será definitivamente apartado del caso al entender el juez que su actuación en el instituto Nóos, aunque sea criticable, no es constitutiva de delito.

Tras cuatro años de investigaciones, el juez determinará contra quiénes de los inculpados, entre ellos los Duques de Palma, hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.

Con esta resolución -contra la que cabe interponer recurso-, Castro dará asimismo paso a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones del caso -Abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma, Manos Limpias, Frente Cívico 'Somos Mayoría', PP balear y los concejales del PSPV del Ayuntamiento de Valencia- para que presenten su escrito de calificación provisional en el que determinarán definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.

En el caso de la Fiscalía, la acusación pública contempla solicitar entre 10 y 19 años de cárcel para el Duque de Palma, a quien acusará de un delito de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y tres delitos fiscales. La pena concreta dependerá de si el yerno del Rey abona antes, junto a Torres, los cerca de seis millones de euros de los que se apoderaron de las Administraciones públicas. La petición que formulará para su exsocio oscilará, por su parte, entre los diez y los 15 años, puesto que en su caso le será atribuido un solo delito fiscal.

Quien no tendrá tanta suerte será Ana María Tejeiro, la mujer de Diego Torres, antiguo socio de Urdangarin. A pesar de los intentos de su marido y su estrategia de ir facilitando a cuenta gotas en el juzgado una serie de comprometedores correos electrónicos, finalmente no ha logrado su objetivo de apartar del caso a su mujer. Según señalaron fuentes jurídicas, el magistrado relaciona a Ana María Tejeiro con la estructura administrativa del instituto Nóos y con varias de las sociedades, que compartía con su marido, que se utilizaron después para desviar los beneficios.

En este documento judicial, además de un relato de los hechos que se han investigado en los últimos tres años, se detallarán los delitos que, a juicio del juez Castro, se han cometido. El cuñado del Rey podría ser acusado de, al menos, seis delitos que, sumando todas las penas que contempla la ley, podrían suponer unos 20 años de cárcel. El juez le imputará los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude a la administración, falsedad y dos delitos fiscales. Tampoco se descarta que pueda añadirse el delito de blanqueo de dinero. Prácticamente los mismos delitos también se le atribuirán a Diego Torres.

Aunque durante la instrucción de este caso han declarado más de 40 personas como imputadas, el juez tiene previsto realizar una importante criba. Al menos la mitad de estos imputados serán apartados definitivamente del caso, salvo que la Audiencia, si alguna acusación lo reclama, añada algún nombre más. Sin contar el caso de la Infanta, no parece que exista discrepancia entre fiscalía y juez sobre los imputados que deben definitivamente sentarse en el banquillo. El fiscal Pedro Horrach tiene previsto presentar un recurso ante la Audiencia de Palma porque mantiene que no existe ninguna justificación para que la duquesa de Palma se siente en el banquillo. Aunque la Audiencia rechace este recurso y confirme el auto del juez, Anticorrupción continuará sin presentar ninguna acusación contra la hermana del Rey.

Sin embargo, Cristina de Borbón tendrá que enfrentarse a la acusación que, con toda seguridad, presentará el sindicato Manos Limpias, a través de la abogada Virginia López Negrete, que desde el principio ha mantenido que la Infanta estaba implicada en la trama y se benefició de los fondos irregulares que obtuvo su marido.

El auto del juez se limitará a detallar las operaciones económicas donde los gestores del instituto Nóos se beneficiaron de fondos públicos. No entrará en los negocios que el yerno del Rey realizó con empresarios privados. También destacará la subvención que Iñaki Urdangarin, a través de una de sus fundaciones, cobró del proyecto de candidatura olímpica Madrid16. El juez propondrá que Mercedes Cohen se siente en el banquillo.