El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado archivar dos causas que investiga por genocidio y torturas en el Sahara Occidental porque era territorio español cuando ocurrieron los hechos y, por tanto, a estos casos no les afecta la reforma de la justicia universal.

En sendos autos, Ruz acoge los argumentos de la Fiscalía de que ambas causas serían competencia de los tribunales españoles porque los hechos se cometieron contra ciudadanos españoles "en territorio que, a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de comisión (1975)", ya que el Sahara Occidental era entonces una provincia española.

Se trata una investigación sobre genocidio en el Sahara abierta a instancias de asociaciones de apoyo al pueblo saharaui contra 31 militares marroquíes y otra de torturas del Frente Polisario, interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) contra 28 miembros del Frente Polisario y altos cargos del gobierno argelino.

Además, el juez ha decidido proseguir con la investigación sobre supuestas torturas en la prisión de Guantánamo (Cuba) a cuatro expresos, dos de ellos españoles, pese a la reforma de la ley de justicia universal.

El juez de la Audiencia Nacional rechaza así en un auto archivar esta causa en aplicación de la nueva norma y mantiene abierta la causa por torturas y contra la integridad moral en concurso con varios crímenes de guerra, delitos que están amparados por los convenios internacionales de Ginebra y contra la tortura.

Por ello, Ruz ha acordado reiterar la comision rogatoria que libró a Estados Unidos para conocer si allí se están investigando las supuestas torturas al español Hamed Abderrahman y el marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, relatadas en la querella interpuesta contra el expresidente de EEUU George W. Bush y otros cargos norteamericanos, como el exvicepresidente Richard Cheney y el exsecretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld por estos hechos.

El pasado enero, el juez cursó una comisión rogatoria a EEUU para conocer si existe una investigación sobre estas dos personas y otros dos expresos que se personaron en la causa, Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes, que tenga que ver con denuncias sobre irregularidades y malos tratos o torturas en Guantánamo.

El principal objeto de esta diligencia es delimitar si en este caso se da el principio de subsidiariedad, es decir, si los tribunales españoles son competentes para investigarlo porque los estadounidenses no lo hacen o si, de lo contrario, las autoridades norteamericanas tienen un procedimiento abierto, lo que descartaría a la jurisdicción española.