El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga si el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ocultó fondos en varias cuentas en Hong Kong que abrió supuestamente para recibir los pagos que le efectuó el empresario Ángel de Cabo a cambio del traspaso del Grupo Marsans.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Velasco intenta así comprobar si son ciertas las acusaciones vertidas por De Cabo en una declaración que prestó de forma voluntaria ante la Policía el pasado 27 de noviembre desde la cárcel de Picassent, en la que se encuentra ingresado bajo fianza de 3 millones de euros por el vaciamiento patrimonial de Marsans.
En esa declaración, el dueño de Nueva Rumasa apuntaba que Díaz Ferrán prefirió sustituir los pagos en efectivo y en cheques que le realizaba por el traspaso del grupo turístico por transferencias a varias cuentas que tenía en Hong Kong a raíz de que uno de los talones fuera bloqueado por una entidad bancaria.
Así detallaba que el pacto, alcanzado también con el ya fallecido Gonzalo Pascual para eludir el pago a sus acreedores, suponía una entrega mensual de cien mil euros hasta alcanzar los 5,5 millones de euros y no 8, como mantienen los distintos informes policiales que constan en la causa de la "operación Crucero" por la que fueron detenidos.
Los fondos con los que se les pagaban procedían de diversas sociedades del entramado, y las entregas se efectuaban tanto en metálico como mediante cheques y transferencias bancarias.
Según De Cabo, cuya declaración se prolongó durante tres horas, Díaz Ferrán tenía dinero en Hong Kong porque el administrativo del grupo Rafael Tormo recibió un burofax de uno de sus testaferros en el que se identificaban varias sociedades y números de cuentas que, advierte, pueden aportar en un "futuro inmediato".
En dicho burofax se razonaba y justificaba el cambio en el sistema de pagos por el que se sustituía la entrega de cheques y efectivo por el envío de transferencias a Hong Kong, debido a que Solbank, del Grupo Sabadell, bloqueó uno de los talones.
Otra de las condiciones del acuerdo fue el compromiso de que pagaría deudas del expresidente de la patronal española -también en prisión bajo fianza de 5 millones desde diciembre de 2012-, con el grupo Mombus.
Para ello, se acordó transmitir a este grupo varias concesiones administrativas de transporte de Trapsa por un precio escriturado muy superior al que realmente entregaron, que fue de 2,5 millones.
En este punto afirma que otro de los testaferros, Jorge García Téllez, y el director de una sucursal de La Caixa en Valencia, dispusieron de esa cantidad e hicieron una "operación financiera de compra de bonos de la Generalitat Valenciana" de 1,7 millones, cantidad que "en realidad pertenece a Díaz Ferrán, que fue colocado ahí para ocultarlo a sus acreedores".
También se le entregaron otros 100.000 euros procedentes de Trapsayates con un talón al portador, así como "180.000 o 200.000 euros" para pagar a los consejeros de Aerolíneas Argentinas.
De Cabo concluye ofreciéndose a aportar documentación y datos que avalan todo lo dicho "tan pronto sea puesto en libertad".
