Todavía no hay ninguna acusación formal, pero ya se sabe quién o quiénes fueron los autores de la grabación clandestina que se realizó de la declaración de la Infanta Cristina.
El juez Castro al comprobar que se había incumplido su orden que prohibía tomar imágenes de la declaración, pidió a la Policía que buscara a los responsables de esta grabación. El vídeo lo emitió una plataforma digital, que está siendo investigada. Ayer estaba colgado en varias páginas web.
La Policía, encabezada por el comisario Antoni Cerdá, empezó ayer a trabajar. Varios técnicos inspeccionaron la sala donde se realizó la grabación. Se analizó la imagen y se calculó desde donde se había tomado.
Este martes, la Policía Nacional ha denunciado ante el juzgado de Instrucción número 11 de Palma, en funciones de guardia, la grabación oculta. Así, las fuerzas de seguridad han puesto en conocimiento del juzgado de guardia el atestado policial abierto.
La Policía ha informado de sus actuaciones y de las diligencias que ha practicado para averiguar el origen de esa foto y de las imágenes en vídeo de esa declaración que se difundieron ayer, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Además, la Policía solicita una serie de diligencias, que pueden ser adoptadas de forma inmediata por el juez de guardia, Manuel Penalba, si así lo estima necesario, sin que tenga que esperar a que el caso sea asignado por turno de reparto a un Juzgado de Instrucción concreto.
Con esta actuación por parte de la policía, la investigación ordenada por Castro se judicializa. La conclusión es que se hizo desde la tercera fila de los bancos donde se sentaba el público autorizado a asistir a la declaración. En las dos primeras filas de esta zona de asientos se situaron los funcionarios. De ellos no se tiene ninguna sospecha.
Se trata de personas de la total confianza del juez. La grabación se realiza a partir del tercer banco. Precisamente en estos asientos se situaron dos abogados que en estos momentos son los principales sospechosos. Estos letrados asistían por primera vez a una declaración del caso Nóos. Sustituían a Javier Saavedra, el famoso abogado, que ejerce la defensa de un presunto testaferro de la trama.
Hace pocos días el juez había autorizado la presencia de estos dos abogados en la declaración, porque Saavedra había comunicado que no podía asistir. Los letrados llegaron a la sala antes de que entrara la Infanta. Los dos compañeros de despacho se sentaron juntos. No se movieron del asiento en toda la jornada, según comprobaron varios testigos. Además, apenas tuvieron trato con el resto de letrados, que se fueron colocando por los otros asientos.
La Policía comprobó que la grabación de la declaración emitida ayer en varios medios digitales había sido girada, posiblemente para dificultar la investigación y determinar quién la hizo. En el vídeo los abogados defensores aparecen a la derecha de la Infanta, cuando en realidad estaban a su izquierda. Este cambio de posiciones demuestra que se giró la imagen. También se cree que la foto publicada el domingo fue retocada. La persona que aparece de espaldas es una funcionaria del juzgado. Sin embargo, la ropa que llevaba el sábado no es del mismo color que la que aparece en la imagen.
El juez ha decidido que una vez que la Policía averigüe qué abogados se atrevieron a incumplir su orden y lo demuestre, remita toda la investigación al juzgado de guardia para que el magistrado que le corresponda actúe contra estas personas.
Si el Colegio de Abogados confirma que el autor de la grabación clandestina es uno de los abogados personados en el caso podría proceder a su inhabilitación. La publicación de la imagen ha provocado una gran indignación, tanto en Castro como en el juez decano de Palma, Francisco Pérez Espinosa, que ayer anunció que iba a abrir diligencias previas para determinar quién había sido el responsable de esta grabación clandestina.
El decano había colaborado con la Policía para establecer el dispositivo de seguridad. Ante la orden del juez de que no se podía asistir a la declaración con aparatos de grabación, la Policía cacheó a todos los abogados que asistieron al juzgado. Se retiraron móviles y se comprobaron bolígrafos y relojes. No se localizó ningún sistema de grabación. Ahora se sospecha que uno de ellos llevaba escondida esta cámara de grabación en la solapa de su cazadora o camuflada como si se tratara de un botón de la camisa. Se teme que se grabó toda la declaración, aunque de momento únicamente se ha emitido una parte de ella.
