El expresidente del Govern Jaume Matas ha solicitado al Gobierno el indulto para evitar su ingreso en prisión por razones de "humanidad" y "proporcionalidad", después de que la Audiencia Provincial de Baleares haya denegado por segunda vez sustituir por multa la pena de nueve meses de cárcel a los que el Tribunal Supremo (TS) redujo su condena por el primer juicio del caso Palma Arena.

Así lo ha confirmado a Europa Press su abogada, Pilar Gómez Pavón, quien ha apuntado que este miércoles presentará ante el tribunal de la Sección Primera la documentación que acredita la petición de esta medida de gracia ha sido cursada, y solicitará de este modo que se suspenda la ejecución de la condena de nueve meses mientras se tramita la solicitud del indulto. La sentencia del TS también está recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Matas ha decidido por tanto acogerse a esta vía de carácter excepcional, que podrá derivar en la remisión total o parcial de su pena. En concreto, el indulto lo otorga el Rey a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros. Con la concesión de esta medida de gracia se extingue la responsabilidad penal pero no cancela, en ningún modo, los antecedentes penales.

En su petición al Ejecutivo central, la letrada alega asimismo la "escasa peligrosidad" de su patrocinado, rebatiendo de este modo los argumentos esgrimidos por la Audiencia en el sentido de que esa peligrosidad existe desde la perspectiva de la entidad de los hechos por los que fue condenado -al influir en que el periodista que redactaba sus discursos, Antonio Alemany, obtuviera beneficios económicos irregulares del Govern balear-, sus circunstancias personales y su conducta.

"Estamos ante un delito cometido dentro de las estructuras de poder que las sociedades civilizadas y democráticas tratan de combatir. El peligro de este tipo de acciones es innegable", apostilla el tribunal. La abogada de Matas lamenta, sin embargo, que en prácticamente la mayoría de condenas inferiores a dos años de cárcel son suspendidas o conmutadas por una multa, pero no así en el caso del exministro bajo la presidencia de José María Aznar.