La mayoría absoluta del PP ha impedido hoy que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vuelva a dar explicaciones en el Congreso sobre el caso Bárcenas, como pretendía la oposición, de la misma manera que tampoco habrá una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del partido.
Ambas iniciativas han protagonizado el debate parlamentario de la Diputación Permanente, en una sesión que ha arrancado con cierta tensión después de que esta mañana la Mesa de la Cámara votará en contra de que se incluyera en el orden del día una propuesta del PSOE para que se pudiera interpelar a Rajoy por las "falsedades vertidas" en su comparecencia de agosto.
El presidente del Congreso, Jesús Posada, decidió convocar a la Mesa del Congreso horas antes de que se pronunciase la Diputación, habida cuenta de que desde el PP venían avisando de que la interpelación al Gobierno es un mecanismo para controlar a los ministros pero no al presidente y remarcaban que esa idea de debatió en los trabajos de reforma del Reglamento de 2005.
La portavoz del grupo socialista del Congreso, Soraya Rodríguez, ha anunciado que el PSOE recurrirá al amparo del Tribunal Constitucional si la Mesa de la Cámara no reconsidera su decisión de "impedir" que su grupo interpele al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre Bárcenas.
La parte más polémica de la sesión ha estado en los debates sobre el caso Bárcenas durante los cuales los portavoces socialista, Soraya Rodríguez, y popular, Carlos Floriano, se han enzarzado en una discusión sobre el rédito político que proporciona este asunto.
La sesión se inició con la protesta de la portavoz socialista, quien ha anunciado que el PSOE recurrirá al amparo del Tribunal Constitucional si la Mesa de la Cámara no reconsidera su decisión de "impedir" que su grupo interpele al presidente del Gobierno.
Según ha argumentado Floriano, el grupo popular no apoya una segunda comparecencia del presidente para explicar el caso Bárcenas porque ni el Parlamento ni el país están para "despejar las dudas de liderazgo" del PSOE, en alusión a la anterior, del 1 de agosto, en la que, según él, Alfredo Pérez Rubalcaba perdió el debate.
De la misma manera, no respaldan que el Congreso investigue la presunta financiación irregular del PP, que pedía el PSOE, porque, a su juicio, "es lo peor" en medio de una investigación judicial y no modificaría las conclusiones que "ya tienen redactadas" los socialistas.
CiU y PNV han coincido en que una comisión de investigación no es necesario teniendo en cuenta que el asunto está sujeto a una investigación judicial y, sin embargo, si apoyarán que Rajoy acuda por segunda vez a la Cámara para aclarar las nuevas dudas que han surgido en torno a este caso.
La mayor parte de las comparecencias solicitadas serán previsiblemente rechazadas aunque el PP ha anunciado que sí lo harán los ministros de Industria y Energía, José Manuel Soria, y de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a petición propia.
Soria dará cuenta de la reforma eléctrica mientras que Arias Cañete informará sobre el "funcionamiento real" de las operaciones de "bunkering" en la bahía de Gibraltar, con las que se le ha relacionado.
Entre las que serán rechazadas, figuran las del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, para que explique los recientes indultos concedidos por Marruecos o de la titular de Fomento, Ana Pastor, sobre el accidente de Santiago de Compostela.
Sólo es el primer debate
El debate de este martes en la Mesa del Congreso no será el último sobre este asunto pues el PSOE ya había avisado de que, si el PP veta su propuesta de interpelar a Rajoy, presentará otra sin determinar a qué miembro del Gobierno se dirigen para que, según explicó hace una semana la portavoz Soraya Rodríguez, el presidente decida en quién delega la explicación de sus "mentiras" en sede parlamentaria.
Ese segundo intento de interpelar a Rajoy ya se ha registrado, según ha confirmado Soraya Rodríguez, pero de momento el PSOE sigue insistiendo en la vía extraordinaria a través de la Diputación Permanente. Si el PP vuelve a vetarlo, aunque esta vez sea una interpelación genérica al Gobierno, a los socialistas les quedará el procedimiento ordinario en la primera sesión de control, prevista para el 11 de septiembre.
