Los hasta hoy abogados del extesorero del PP Luis Bárcenas, Miguel Bajo y Alfonso Trallero, han recurrido, como último servicio a su cliente, la "desproporcionada" fianza civil de 43,2 millones que le impuso la semana pasada el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, porque no hay indicios suficientes contra él.
En el recurso de reforma -ante el propio juez Ruz- presentado hoy, al que ha tenido acceso Efe, se pide la "inmediata nulidad" de esta "elevadísima fianza", ya que no hay los suficientes indicios de criminalidad contra Bárcenas y por ello adolece de una "grave falta de motivación".
El juez Ruz le impuso la fianza el pasado viernes y le dio diez días de plazo para hacer efectiva esa suma, destinada a cubrir posibles responsabilidades pecuniarias en caso de condena en el caso Gürtel. De no pagarla en ese plazo, se procederá a embargar sus bienes.
Sin embargo, esta medida cautelar no supone su puesta en libertad, ya que se encuentra en prisión preventiva incondicional y sin derecho a fianza desde el pasado 27 de junio.
El recurso destaca que en lo investigado hasta ahora del caso Gürtel no se aprecia "base razonable ninguna" para imponerla y que aún no hay los suficientes "indicios racionales de delito" contra el extesorero, cuando la jurisprudencia señala que para adoptar esta medida "resulta imprescindible la existencia indicios de criminalidad, sin que basten las meras conjeturas o hipótesis".
Los abogados afirman que no es posible atribuirle el delito de blanqueo, ni tampoco cabe hablar de cohecho, estafa procesal en grado de tentativa ni falsedad en documento mercantil, tal y como sostiene el juez.
El juez le imputa cohecho por haber recibido en 2002, 2003 y 2007 más de un millón de euros en dádivas del presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, vinculadas a contratos públicos adjudicados irregularmente o en consideración a su cargo de senador.
En este sentido, los abogados aseguran que Bárcenas no fue sido autoridad ni funcionario público hasta 2004, cuando fue nombrado senador, cargo este último "incompatible" con este tipo delictivo.
En cualquier caso, agregan, no hay "vinculación alguna" entre las supuestas cantidades pagadas a Bárcenas por la trama Gürtel y "acto específico de adjudicación o contratación con las Administraciones Publicas".
Los de falsedad y estafa procesal responden a un intento de Bárcenas de justificar la adquisición de un dinero en una operación de compraventa de cuadros supuestamente inexistente.
En opinión de los letrados, no cabe imputarle delito de falsedad "en un mero documento privado entre particulares", ni estafa procesal por presentar al juez un documento privado -la compraventa- cuya veracidad aún no se ha comprobado.
Respecto de los delitos fiscales que se le atribuyen por no pagar IRPF e Impuesto del Patrimonio en los años 2002, 2003, 2006 y 2007, afirman que los de los dos primeros años están "claramente prescritos", el de 2006 solo se refiere únicamente a su esposa, Rosaía Iglesias, y las cuotas defraudadas de 2007 las regularizó en su día.
De no anular la fianza civil, los abogados reclaman al juez que la rebaje, al considerarla "excesiva y desproporcionada", aunque que no detallan en cuánto dinero debería hacerlo.
Los abogados concluyen el recurso afirmando que esta medida cautelar supone "un auténtico adelanto de responsabilidades pecuniarias de dimensiones totalmente desproporcionadas".
