El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha declinado este lunes celebrar vistillas del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir la conveniencia de imponer medidas cautelares a dos de los tres empresarios imputados que han declarado en la causa que investiga la supuesta contabilidad B del PP, al considerar que no existen "elementos nuevos que requieran la modificación de su situación procesal".

IU ha solicitado la imposición de las citadas medidas después de que el exdueño de Constructora Hispánica, Antonio García Pozuelo, y el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, se negaran a contestar a las preguntas de las acusaciones.

El magistrado ha recordado en una providencia que negarse a prestar declaración es un derecho constitucional de los imputados y no puede motivar por si sólo la petición de celebración de la vistilla de medidas cautelares.

García Pozuelo se ha negado a prestar declaración durante su comparecencia en la Audiencia Nacional mientras que Sánchez Domínguez se ha limitado a contestar a las preguntas del magistrado y sólo ha respondido las cuestiones iniciales planteadas por las acusaciones, interrumpiendo después su testimonio.