La imputación de la Infanta Cristina ha vuelto a colocar en una posición sumamente incómoda a la Monarquía, que ve como su 'annus horribilis' sigue plenamente vigente. En este sentido, la decisión del juez Castro de imputar a la hija del Rey se suma a los escándalos acontecidos durante estos últimos meses, casi un año después del polémica viaje de Don Juan Carlos a Botswana.

Mientras, Zarzuela ha reaccionado a la decisión del juez Castro manifestando que se siente "sorprendida". Así, la Casa del Rey expresó este miércoles su "sorpresa" por el "cambio de posición" del juez José Castro que ha llevado a la imputación de la Infanta Cristina en el caso Nóos y ha manifestado también su "absoluta conformidad" con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de recurrir el auto.

Según ha informado a Europa Press un portavoz de Zarzuela, la Casa del Rey tuvo conocimiento del auto de imputación de la hija de Don Juan Carlos "por los medios de comunicación".

Aunque ha dejado claro "el máximo respeto" por las decisiones judiciales, este portavoz ha trasladado la "sorpresa" de la Casa Real por "el cambio de posición expresado por el juez en su resolución, frente a la mantenida en el auto de 5 de marzo de 2012, confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca".

Zarzuela reaccionó al auto del juez casi cinco horas después de que se hiciera público. Hasta ahora, su posición era que no hace "comentarios sobre decisiones judiciales".

El juez imputó este miércoles a la Infanta Cristina y la ha citado a declarar el 27 de abril por el caso Nóos al apreciar catorce indicios de que pudo consentir que su parentesco con el Rey fuera usado por Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, en las presuntas actividades ilegales del instituto.

Tras la imputación, la Fiscalía Anticorrupción anunció que recurrirá la decisión del juez, por considerar que no existen indicios criminales que relacionen a la Infanta Cristina con las actividades del Instituto Nóos.

En un auto de diecinueve folios, el juez José Castro señala que la Infanta podría haber incurrido en "un supuesto de cooperación necesaria" o "complicidad" en los delitos que se atribuyen a Urdangarin y Torres en este caso que investiga el presunto desvío de más de 6 millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido en su día por Iñaki Urdangarin, marido de la Infanta.

Los delitos que se imputan a Urdangarin y Torres son falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.

La Casa del Rey manifestó en un principio a través de un portavoz oficial que "no comenta decisiones judiciales", respecto a la imputación de la duquesa de Palma, que podrá asistir a declarar con asistencia letrada.

A diferencia de la unidad de criterio mantenida hasta ahora con el juez, el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach recurrirá esta nueva imputación y mantendrá la postura que ha defendido a lo largo de la investigación, en la que siempre se ha mostrado contraria a la imputación de la Infanta al estimar que no hay motivos para ello.

La intención del juez, según recoge el auto, es despejar la duda de si la Infanta conocía el presunto uso que hacía Urdangarin de su presencia como vocal en el Instituto Nóos y de participación en un 50 % en la empresa Aizoon SL, para conseguir contratos de entidades públicas y privadas.

En opinión del juez instructor, no citarla sería "un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos", además de una contradicción con la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales.

En concreto, los referidos indicios proceden de la declaración de Diego Torres, de los numerosos correos electrónicos aportados a la causa por éste y de la versión ofrecida en sede judicial por el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, también imputado.

Castro considera dudoso que empresas e instituciones se hubieran "aquietado tan pacíficamente" a las proposiciones de Urdangarin y Torres "sin contar con el aparente y consensuado refuerzo de la Casa de S.M. el Rey", que "intencionadamente se hacía desprender" de que en la junta directiva de Nóos figurasen los nombres de la Infanta y García Revenga.

Reacción de la Fiscalía

Sin embargo, en una rápida reacción, la Fiscalía ha insistido en que no ve ningún indicio contra la Infanta ya que las últimas declaraciones, investigaciones y correos no han aportado prueba alguna que avale una supuesta intervención en los negocios del duque de Palma.

De hecho, el 5 de marzo de 2012, el juez rechazó la imputación, también con el apoyo del fiscal, en un auto en el que desechaba la solicitud del sindicato Manos Limpias, que recurrió esta decisión en reforma y apelación. El 12 de julio de 2012 la Audiencia de Palma confirmó la decisión del jue

La citación de la Infanta por parte del juez no es firme y, por tanto, podría aplazarse, suspenderse o revocarse.

El juez pretende poner punto final a casi tres años de investigaciones con la citación de la Infanta, quien deberá acceder a los juzgados de Palma por su ya famosa rampa dos meses después de que lo hiciera su marido ante un numeroso grupo de periodistas.

Esta imputación coloca a la hija menor del Jefe del Estado en una delicada situación, inédita en la historia reciente de España, y que a partir de ahora deberá afrontar la Casa del Rey, inmersa en un proceso para mejorar su comunicación pública y avanzar en la transparencia.

Los partidos políticos han expresado su respeto hacia las decisiones judiciales, con la convicción de que la Justicia es igual para todos.