El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto este domingo la prohibición de donaciones de empresas a los partidos políticos y que la Audiencia Nacional juzgue los delitos relacionados con la corrupción política.
El secretario general del PSOE ha hecho estas propuestas durante su discurso de clausura del VII Congreso del Partido de los Socialistas de Euskadi, celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, donde ha planteado un conjunto de medidas "que ataquen el fenómeno de la corrupción tanto para impedir que ocurra como para asegurar su sanción ejemplar y rápida".
Asimismo, Rubalcaba ha instado a la creación de una Oficina Anticorrupción que vigile el comportamiento de los responsables públicos y de los funcionarios públicos de ministerios, organismos y empresas públicas, con competencias también en el ámbito de las corporaciones locales.
Además, el líder socialista contempla la posibilidad de que las empresas que aparezcan implicadas en un supuesto caso de corrupción política sean inhabilitadas para contratar con cualquier administración, organismo o empresa públicos por el tiempo que dure la condena de los responsables.
El PSOE ha propuesto prohibir las donaciones de empresas a los partidos para evitar "sospechas", la creación de una Oficina Anticorrupción, la competencia de la Audiencia Nacional en estos casos, e inhabilitar a las empresas condenadas por corrupción para contratar con la administración.
Fuentes del PSOE han detallado a Efe las cuatro medidas anunciadas hoy en Bilbao por su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, para luchar contra la corrupción.
Las fuentes han explicado que la prohibición de que personas jurídicas puedan hacer donaciones a los partidos políticos eliminaría las "sospechas" y los "recelos" que estas ayudas despiertan en los ciudadanos. Recuerdan que las donaciones por parte de personas individuales pueden responder a una identificación ideológica, pero no así las donaciones de las empresas, que responden a intereses.
Por ello, el PSOE considera que su prohibición dejaría "negro sobre blanco" la financiación de los partidos y permitiría deducir que todo gasto que exceda la financiación pública o individual acreditada responde a una financiación ilegal.
Otra de las propuestas anunciadas hoy por Rubalcaba es que las empresas que aparezcan implicadas en casos de corrupción política sean inhabilitadas para contratar con cualquier administración, organismo o empresa pública por el tiempo que dure la condena de los responsables.
Por su parte, la Oficina Anticorrupción que proponen los socialistas debería tener capacidad de actuación directa en todo el sector público del Estado y también en las Administraciones Locales y gozaría de autonomía funcional, aunque dependería orgánicamente de la Vicepresidencia del Gobierno.
La última de la propuestas avanzadas hoy por Rubalcaba es el traspaso a la Audiencia Nacional de la competencia para investigar y enjuiciar todos los delitos relacionados con la corrupción política.
Las fuentes consultadas destacan que la Audiencia Nacional se ha especializado en la instrucción y juicio de delitos de alto contenido económico y goza de una "justificada fama de independencia y libertad de actuación".
