El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, cumple hoy un año en el cargo, un tiempo marcado por las decisiones adoptadas en materia económica para intentar luchar contra la crisis y, en el ámbito político, por la apuesta soberanista abanderada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas.

Rajoy se convirtió en el sexto presidente del Gobierno de la democracia al jurar su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela el 21 de diciembre de 2011.

Ese mismo día hizo pública la lista de sus ministros y, a la jornada siguiente, reunió por vez primera a su Gobierno, al que ha citado también hoy en el Palacio de la Moncloa en el penúltimo Consejo del año.

El balance de su gestión lo realizará el día 28 de diciembre en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que presidirá esa jornada.

El Ejecutivo ha llevado a cabo una serie de reformas en diversos ámbitos para hacer frente a la crisis y ha hecho referencia en numerosas ocasiones a la herencia recibida para justificar algunas de las medidas más duras y que han comportado sacrificios.

El propio Rajoy ha reconocido que determinadas decisiones no le ha gustado adoptarlas ni a él mismo, pero ha reiterado que no había alternativa posible ante el objetivo de reducir el déficit y lograr el crecimiento económico y la creación de empleo.

Por contra, la oposición, con el PSOE a la cabeza, ha acusado al Gobierno de estar destruyendo el Estado de Bienestar, un argumento que será el hilo conductor del medio centenar de ruedas de prensa que ha convocado hoy en toda España para hacer balance de la gestión del Ejecutivo.

Los socialistas han justificado las protestas sociales que han conllevado algunas de sus decisiones, medidas que han provocado igualmente que los sindicatos convocasen en este periodo dos huelgas generales.

La reforma laboral y la del sistema financiero son dos de las iniciativas que el Gobierno destaca a la hora de hacer balance del año y como motor de una futura recuperación que sitúa en el año 2014.

No obstante, tiene la confianza de que a finales de 2013 ya comenzarán a notarse claramente los efectos de todas las medidas que ha ido adoptando.

En medio del debate económico ha surgido el de la apuesta soberanista de Artur Mas, que, tras la manifestación con motivo de la Diada el 11 de septiembre, le llevó a adelantar las elecciones con el objetivo de lograr un amplio respaldo en las urnas a su hoja de ruta para que los catalanes decidan sobre su futuro en una consulta.

El resultado no fue el que esperaba e, incluso, perdió escaños en el Parlament, por lo que ha tenido que pactar su reelección con ERC, una fuerza política con la que se ha comprometido a que la consulta a los catalanes se celebre en 2014.

Medidas impopulares

La subida de dos grandes impuestos: el del IRPF y el del IVA, ha sido la medida fiscal más impopular acometida por el Gobierno en su primer año de mandato, aunque para el Ejecutivo ha sido "imprescindible" para aumentar la recaudación y luchar contra el déficit público, su gran caballo de batalla.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró cuando llegó a la Moncloa que la estrategia económica de su legislatura sería volver a una senda sostenible de deuda pública, para recuperar la credibilidad de la economía española.

Por ello, la primera medida que adoptó al mes de ser elegido, y pese a haber asegurado reiteradamente durante su campaña electoral que no subiría los impuestos, fue aumentar el IRPF para 2012 y 2013 entre el 0,75 % para rentas inferiores a 17.707,20 euros y el 7 % a partir de 300.000 euros. El Ejecutivo argumentó que el alza del impuesto a las rentas salariales era "imprescindible" ante el desvío del déficit público en 2011 en más de 20.000 millones de euros y que finalmente resultó ser del 9,4 % del PIB. Por eso, aumentó el IRPF y un gravamen complementario para las rentas del ahorro, así como la retención por rendimientos de actividades profesionales que pasó del 15 % al 21 %.

A este primer ajuste le sucedió la aprobación de una de las grandes promesas de Rajoy, el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que fija un déficit cero para todas las administraciones e impone límites de gasto y mecanismos de control, bajo pena de sanción. El 13 de enero se anunció esta norma constitucional que actualmente está ya en vigor y que además limita la deuda de las administraciones autonómica al 60 % de su PIB.

Nuevas medidas tributarias a petición de Bruselas

Para seguir haciendo compatible la política fiscal española con las exigencias de la Unión Monetaria, el Gobierno continuó con la aprobación de nuevas medidas tributarias.

Así, en doce meses ha modificado el impuesto de Sociedades para incrementar los pagos fraccionados, y ha elevado el importe mínimo del 8 % al 12 %, al tiempo que ha limitado las deducciones para las grandes empresas.

Ha ajustado la tributación por plusvalías obtenidas a corto plazo y ha decidido suprimir la deducción fiscal por compra de vivienda habitual a partir de 2013, al igual que el tipo superreducido del 4 % para la compra de vivienda nueva, que pasará al 10 %.

Tampoco se han librado las Loterías, ya que Hacienda ha fijado un gravamen del 20 % sobre estos premios y sobre los sorteos organizados por la Cruz Roja y la ONCE, que comenzarán aplicarse a partir de enero.

No obstante, el varapalo más duro para el ciudadano llegó el 11 de julio, cuando el Ejecutivo subió el tipo general del IVA del 18 % al 21 % y del 8 % al 10 % en el caso del reducido, mientras que mantuvo el 4 % como tipo superreducido para productos de primera necesidad. Con el alza del IVA el Gobierno pretende recaudar cerca de 22.100 millones de euros hasta 2014 (2.300 millones más en 2012, 10.134 millones en 2013 y 9.670 millones de euros en 2014).

Por otro lado, el Gobierno ha intensificado la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida con una nueva Ley que limita el pago en efectivo en operaciones de 2.500 euros, y establece la obligación de informar sobre cuentas y valores en el extranjero.

Estos ajustes fiscales han quedado plasmados en los presupuestos del Estado de 2012 y 2013, que contemplan este año un ajuste entre ingresos y gastos de 27.300 millones y de 13.118 millones de euros en 2013, aunque posteriormente se han visto incrementados con los ajustes en sanidad y Educación.

El despegue se ha fijado en 2014. Es cuando el Gobierno prevé recoger los frutos de sus medidas, principalmente económicas.