Varios centenares de funcionarios de prisiones de Cataluña se han concentrado desde primera hora de la mañana ante los centros penitenciarios de la comunidad para protestar contra los recortes salariales y despidos planteados por el gobierno catalán, según han informado fuentes sindicales.
En la prisión de Quatre Camins (Barcelona), unos 200 funcionarios se encontraban hacia las 8:30 horas ante el centro para "informar" a los trabajadores sobre la situación entre el colectivo y dar "un toque de atención" a la Generalitat, si bien en principio su intención no era la de bloquear los accesos a la cárcel, según ha señalado un portavoz de los concentrados.
La protesta se inició ayer por la tarde cuando una decena de delegados sindicales de funcionarios de prisiones se encerraron en la sede de Dirección General de Servicios Penitenciarios de Barcelona para forzar a la administración a acercar posiciones en las negociaciones sobre los recortes planteados.
Delegados de los cuatro sindicatos con representación en el sector -CSIF, CCOO, CATAC y UGT- decidieron permanecer en la décima planta del edificio, situado en la calle Aragó, tras interrumpirse la negociación que mantenían con miembros de la administración.
Ante la sede de Servicios Penitenciarios se han concentrado también esta mañana medio centenar de funcionarios de prisiones para expresar su apoyo a los delegados encerrados.
Otros funcionarios de prisiones optaron asimismo anoche por iniciar encierros en algunos centros penitenciarios.
Por su parte, la "Asamblea de Movilizaciones de Prisiones" ha dado apoyo a los encierros de funcionarios en los centros penitenciarios y ha propuesto, en un comunicado, una "huelga de celo" a partir de hoy en el conjunto de las prisiones catalanas.
La negociación por los recortes y ajustes de personal en el sector de funcionarios de prisiones viene prolongándose desde hace semanas, y como medida de presión, a principios del pasado diciembre miembros del colectivo bloquearon los accesos a algunas prisiones catalanas, como la Modelo de Barcelona y la prisión de Ponent de Lleida.
La Fiscalía de Barcelona y la de Lleida abrieron diligencias para investigar los bloqueos a las cárceles catalanas, al considerar que los manifestantes pudieron incurrir en delito.
