El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha advertido hoy de que nadie marcará "el ritmo" que se ha fijado el Gobierno en la política penitenciaria con los reclusos de ETA, en la que ha anunciado, se aplicará la ley con "todo el rigor" pero también con "toda la generosidad" que permite la legislación.
"Nadie nos va a marcar el ritmo, el camino que tiene trazado el Gobierno", ha alertado Fernández Díaz en su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado, en la que ha insistido en que la intención del Gobierno es impulsar una "reinserción individualizada" de los presos etarras.
El titular de Interior ha dejado claro que el Gobierno no va a permitir que haya "otro guión" que el que marca la normativa penitenciaria, que se aplicará con "todo el rigor" pero también con "toda la generosidad" que permite la legislación y bajo los principios de "inteligencia", "prudencia" y "discreción".
Por ello, Fernández Díaz ha destacado que "nadie" marcará el ritmo que se ha fijado el Gobierno en este ámbito, ni ETA, ni la izquierda abertzale, ni tampoco ningún otro elemento interesado de forma directa o indirecta que, a su juicio, pretenda "contaminar el relato" de lo sucedido con el terrorismo de ETA.
También ha arremetido contra la izquierda abertzale que, a su juicio, sigue "parapetada en su cobardía" y sigue sin pedir a ETA que desaparezca, entregue las armas y desmantele todas sus estructuras.
El ministro ha asegurado que "el mayor enemigo" que en estos momentos tienen los presos etarras es la propia organización terrorista puesto que es "la causa" de la política de dispersión.
"Si no existiera la banda y se disolviera no sería necesaria, y en el marco de la ley, podríamos establecer unas medidas que seguramente muchos presos etarras están deseando", ha subrayado Fernández Díaz, que ha recordado que, "inteligentemente", ese instrumento de la política antiterrorista se inició en un gobierno socialista y "debe subsistir mientras ETA no se disuelva".
Ha recalcado que el Ejecutivo apoya la llamada "vía Nanclares", si bien ha precisado que desde que ETA anunció el cese de la violencia hace hoy cinco meses "ha quedado de momento en suspenso" ya que la banda ha creado "falsas expectativas" en los internos, como hacerles creer que con la negociación política van a ser "amnistiados o acercados" con carácter general al País Vasco.
Sobre el anunciado plan de reducción de escoltas, Fernández Díaz ha confirmado que comenzará a aplicarse a partir de mañana en el País Vasco y Navarra y desde el 1 abril en el resto de España.
Ha reconocido que la amenaza de ETA permanece latente pero ha asegurado que el número de personas protegidas, unas 1.500, está muy por encima de lo razonable.
Según sus datos, más de 3.000 policías y guardias civiles están asignados a tareas de protección, sin contar con otros 700 escoltas privados, lo que cuesta al Ministerio del Interior de unos 160 millones de euros.
Ha reconocido su preocupación por el futuro laboral de los escoltas privados, y por ello ha asegurado que se está estudiando la posibilidad de que algunos de ellos puedan dedicarse a labores de seguridad en el exterior de las prisiones españolas, con lo que se liberaría a unos 1.000 agentes de la Policía y la Guardia Civil.
El ministro ha explicado que no ha sido posible que los escoltas privados puedan dedicarse a proteger a las mujeres maltratadas ya que las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas.
Después de este primer plan de reducción de escoltas, el departamento va a abordar también una revisión de la protección estática de edificios e instalaciones públicas para definir el dispositivo de seguridad con el que debe contar cada una de ellas.
