El Gobierno y el PP han expresado este jueves su "máximo respeto" a la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilita once años al juez Baltasar Garzón, mientras que el PSOE ha manifestado su "preocupación" y para IU se trata de "un día triste" para los demócratas.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tras expresar el "máximo respeto" del Gobierno a la decisión del Tribunal Supremo, ha dicho que "no hay ningún tipo de valoración política, hay una valoración única y exclusivamente de respeto absoluto a las decisiones del Poder Judicial".

Desde el PP se ha insistido en que ante una condena como la conocida hoy la reacción es el respeto, "máxime cuando se trata de una sentencia del Tribunal Supremo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que la sentencia supone "un triunfo del Estado de Derecho, porque demuestra que el fin, por muy loable que sea, no justifica los medios".

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras manifestar su respeto a todas las sentencias, ha reconocido que algunas, como la que condena al juez Garzón le producen tristeza.

"Respeto todas las sentencias, pero algunas me entristecen. Hoy me acuerdo de la lucha que hicimos juntos contra ETA", ha escrito Pérez Rubalcaba en su cuenta en la red social Twitter.

El PSOE, que ha expresado su respeto a la sentencia, ha mostrado su preocupación por la inhabilitación de un juez y un profesional con una trayectoria de lucha incansable contra el narcotráfico, terrorismo y corrupción.

Según su portavoz de Justicia en el Congreso, Julio Villarrubia, al PSOE "no le gusta ver" que un juez con estas características haya sido condenado y esta sea la primera condena en una trama gravísima de corrupción como son las escuchas del caso Gürtel.

El líder de IU, Cayo Lara, ha asegurado que "es un día triste para los demócratas" y que la Justicia "se ha quitado la venda de los ojos" con una decisión que ha calificado de "injusta".

Lara ha lamentado la "celeridad" que ha demostrado el Supremo para condenar a un juez que perseguía delitos de corrupción mientras los supuestos corruptos "aún no se han sentado en el banquillo".

El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, ha avanzado que su partido pedirá el "amparo" de los organismos internacionales y ha destacado que Garzón haya sido condenado a once años de inhabilitación mientras presuntos "corruptos" han sido absueltos.

Desde ERC, su diputado Joan Tardà ha lamentado que Garzón se haya convertido en "la primera víctima de la ultraderecha".

El portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha expresado su respeto por la sentencia y ha dejado claro que "no tiene nada que ver" con la causa por la investigación del franquismo.

Para el portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, la inhabilitación al juez Garzón es un "linchamiento" contra el magistrado por haber tenido la valentía de investigar los crímenes del franquismo.

Exiliados y organismos de derechos humanos rechazan la condena

Exiliados españoles y organizaciones civiles de izquierda en América rechazaron hoy la sentencia condenatoria del juez español Baltasar Garzón, que alcanzó fama internacional por mandar detener al exdictador chileno Augusto Pinochet en Londres y perseguir a represores argentinos.

Las asociaciones de exiliados españoles en Francia consideraron que la condena a Garzón es "el mundo al revés, el juez condenado y los acusados aplaudiendo", afirmó a Efe el presidente de la asociación Memoria de España Republicana (MER), Jean Ortiz.

Su asociación convocó una manifestación ante el Consulado de España en Pau, en el suroeste de Francia, para el próximo sábado al mediodía en apoyo del controvertido juez.

En el continente americano, el Ateneo Español de México consideró que con el juicio a Garzón España tenía "en este momento la oportunidad de resolver por fin un grave problema pendiente".

En una valoración del caso remitida a Efe por su directora, Carmen Tagüeña, la institución recuerda que "lo sucedido en la dictadura franquista (1939-1975) no se puede olvidar".

En Chile la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, calificó la condena de "un juicio político que representa una vergüenza internacional".

García dijo a Efe que aunque la sentencia de inhabilitación fue por esas escuchas ilegales de las conversaciones de presos de Gürtel, "esa fue precisamente la vía que encontraron para sacar al juez Garzón de sus investigaciones de los crímenes de lesa humanidad, incluido los crímenes del franquismo en España".

En Argentina la presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró que la condena de inhabilitación al juez español formaba parte de "una estrategia nefasta" contra "una persona honesta y comprometida".

Garzón "es molesto en España porque soplan otros vientos. Allí, hace 40 años guardaron silencio" sobre los delitos cometidos en el franquismo y el pueblo "también pide verdad, memoria y justicia", ha añadido Carlotto, en declaraciones a la agencia estatal de noticias Télam.

Por su parte la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de Ecuador, Marcela Miranda, recordó que la condena no le impide al juez español seguir como veedor internacional de la reforma al sistema judicial que se lleva adelante en este país.

Garzón estuvo a finales de enero pasado en Ecuador para asistir a la ceremonia de toma de posesión de los nuevos 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia, escogidos tras un concurso abierto por el Consejo de la Judicatura de Transición que lleva adelante el proceso de transformación del sistema judicial ecuatoriano.

Por el contrario, el procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez, advirtió hoy de que Garzón no podrá ser asesor de autoridad alguna en su país.

"Yo lo dije, es un chuzador (pinchador), que chuzaba (pinchaba) nada más y nada menos que a abogados. Eso ya no es una hipótesis, lo dice el Estado español", señaló hoy Ordóñez a periodistas.

Garzón fue asesor de la Misión de Apoyo de la Organización de Estados Americanos al Proceso de Paz con paramilitares (Mapp-OEA) en Colombia.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aclaró también este jueves que Garzón no tiene ni ha tenido contrato con Colombia.

"El Gobierno nunca tuvo contrato directo ni indirecto con el juez Baltazar Garzón. Las tareas que él cumplió en Colombia, y que ya terminaron, eran por una vinculación del juez Garzón con la OEA", señaló Vargas Lleras a periodistas.

Subrayó que se trata de "una precisión importante" e insistió en que "los honorarios del juez nunca fueron pagados por el Gobierno colombiano, sino por la OEA".

El juez Baltasar Garzón rechazó hoy "frontalmente" la condena y anunció que recurrirá la sentencia que, a su juicio, "elimina toda posibilidad de investigar la corrupción".

El juez condenado aseguró que la sentencia no está sustentada en pruebas ni razones jurídicas y que "elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad".