El Tribunal Supremo ha condenado al juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación al interceptar las conversaciones de los implicados en la trama corrupta del 'caso Gürtel'.

El magistrado ha sido condenado por unanimidad a 11 años de inhabilitación, lo que supondrá su expulsión de la carrera judicial. A Garzón todavía le queda por conocer la condena por la investigación de los crímenes del franquismo.

El fallo ha sido comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que se desplazó esta mañana a la sede del Tribunal Supremo. Tras conocer la sentencia, un poco antes de las dos de esta tarde, Garzón ha abandonado con semblante serio el alto tribunal sin realizar declaraciones.

El tribunal, presidido por el magistrado Joaquín Giménez, ha dado a conocer la sentencia, que tiene como ponente al juez Miguel Colmenero. Completaban la Sala los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, Manuel Marchena -instructor del caso de los cobros de Nueva York- y Luciano Varela -instructor de la causa contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo-.

Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. Ayer mismo quedó visto para sentencia el segundo juicio celebrado contra él en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello.

Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad".

El abogado de la acusación Ignacio Peláez, defensor del empresario imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri y autor de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento, pedía una pena de 10 años de inhabilitación. Mientras tanto, los letrados Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, abogados de Francisco Correa y Pablo Crespo, solicitaban que dicha inhabilitación se prolongara entre 17 y 15 años.

Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales y alegar que en casos ajenos al terrorismo como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque también se ordenó el 'pinchazo' de las entrevistas entre presos y abogados.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abiertos otros procedimientos en su contra. De un lado, la causa abierta por una presunta prevaricación cometida al investigar los crímenes del franquismo sin competencias y, de otro, el proceso por unos cobros que habría podido recibir del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.

Garzón, desolado

El abogado de Baltasar Garzón en la causa que se le abrió por ordenar las escuchas del "caso Gürtel", Francisco Baena Bocanegra, ha asegurado hoy a Efe que su cliente está "desolado" por su condena y ha añadido que estudiará si la recurre ante el Tribunal Constitucional.

En conversación telefónica desde Cadiz, donde se encontraba hoy por motivos profesionales, Baena ha señalado que Garzón le ha llamado para comunicarle que el Tribunal Supremo acababa de condenarle a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación, lo que supone su expulsión de la carrera judicial, y que le ha encontrado "desolado".

"Puede usted imaginárselo: Una vida entera dedicada a la judicatura y que de pronto te digan que se ha acabado... Es para estar desolado. Confieso que yo participo de su desolación y dolor", ha añadido.

En cuanto a la sentencia, Baena ha dicho que discrepa "profundamente" del fallo, porque siempre ha sostenido que solo cabía la absolución de su cliente.

Además, ha señalado que estudiará la resolución y que, "si su contenido lo permite", acudirá al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

"Pero eso depende del estudio detenido de la resolución y, desde luego, de la voluntad de mi cliente".