La Audiencia Nacional ha estimado hoy por unanimidad que hay indicios de delito en el "chivatazo" que en 2006 alertó a ETA de una operación contra su red de extorsión, pero no de que sus autores fueran los tres mandos policiales procesados por el juez Pablo Ruz, que deberá seguir investigando.
La decisión ha sido adoptada por los catorce magistrados del pleno de la sala de lo penal del tribunal después de cuatro horas de deliberaciones -dos y media por la mañana y una y media más por la tarde- sobre los recursos del exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y el inspector José María Ballesteros contra su procesamiento.
En una nota de prensa hecha pública por el tribunal, éste indica que "el pleno aprecia indicios suficiente de un hecho que reviste los caracteres de delito", pero que ha revocado el auto dictado el pasado 13 de julio por Ruz "por considerar que los indicios contra los procesados no son suficientes, requiriéndose una más amplia investigación".
"Consecuencia de lo anterior, no se ha analizado la cuestión de la calificación jurídica concreta de tales hechos", añade la nota.
Fuentes jurídicas consultadas en el tribunal han explicado que, en efecto, los magistrados no han estudiado si el "chivatazo" recibido por el dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, debe ser calificado como colaboración con ETA, como sostenían las acusaciones populares, o como revelación de secretos, como mantiene la Fiscalía.
Al estimar insuficientes los indicios que el juez apuntaba contra los mandos policiales, éstos dejan de estar procesados, pero seguirán imputados en la causa por los delitos de colaboración terrorista y/o encubrimiento y revelación de secretos.
Ruz tendrá que seguir practicando diligencias para hallar nuevos indicios que le permitan procesar otra vez a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros o que le conduzcan a otras personas como autoras del "chivatazo" y, si no los encuentra, se verá obligado a archivar la causa.
En el auto de procesamiento ahora revocado, el juez afirmó que los tres mandos policiales incurrieron en un delito de colaboración con ETA porque con su actuación contribuyeron "a las finalidades perseguidas por tal organización".
Para el juez, en el "chivatazo" a ETA existió "conocimiento y voluntad al respecto por parte de los autores de tales hechos" y el aviso a Elosua permitió que la cantidad de dinero recaudado por el aparato de extorsión (unos 54.000 euros) "no fuera interceptada por la fuerza policial encargada de la vigilancia y seguimiento de la red terrorista investigada".
Mientras tanto, las defensas de los tres mandos policiales sostuvieron que sus representados no tienen relación con el "chivatazo" y solicitaron el archivo de la causa.
Por último, las acusaciones populares -ejercidas por el PP, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia- pidieron al tribunal que confirmara en su integridad el auto de procesamiento.
La decisión adoptada hoy por la Audiencia Nacional satisface parcialmente las pretensiones del Ministerio Público y de las defensas, al concluir que no hay suficientes indicios contra los mandos policiales, pero también deja abierta la puerta a que el resultado de las nuevas diligencias que se practiquen permitan procesarles de nuevo, incluso por colaboración con ETA.
