223 votos a favor y tres en contra

La reforma constitucional sale adelante sin los nacionalistas

El Senado dio el sí definitivo al texto con la ausencia de CiU y PNV, y los votos favorables de PP, PSOE, PSC y UPN

 08:15  
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EFE/Madrid La reforma de la Constitución que garantizará la estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas quedó aprobada definitivamente tras ser avalada por el Senado con 233 votos a favor de PP, PSOE, PSC y UPN, tres en contra y sin que los nacionalistas hayan participado en la votación.

La modificación del artículo 135 de la Carta Magna fue avalada por el pleno de la Cámara Alta después de haber rechazado mayoritariamente 23 enmiendas de las minorías de izquierda y las formaciones nacionalistas, incluidas las que reclamaban que la reforma fuera sometida a referéndum popular.

De esta manera, el texto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) es el mismo que ratificó el Congreso la semana pasada, con el acuerdo de las mismas fuerzas políticas que ayer lo respaldaron en el Senado.

Los tres votos emitidos en contra proceden de los dos senadores de Coalición Canaria, Narvay Quintero y Miguel Zerolo, y del representante de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca.

Los tres senadores de ERC junto al del BNG se ausentaron del hemiciclo justo antes de la votación, mientras que los nacionalistas de CiU, PNV, así como los dos parlamentarios de ICV, han permanecido en sus escaños, pero sin participar en la votación final del conjunto.

Además, no acudieron a la sesión plenaria los senadores socialistas críticos con esta modificación Imanol Zubero y Roberto Lertxundi.

Las votaciones fueron precedidas de un largo debate en el que durante tres horas y media los portavoces de los grupos han reiterado sus argumentos a favor y en contra de la modificación urgente de la Carta Magna para limitar el déficit público.

Por un lado, PP y PSOE, a quienes se unieron Unión del Pueblo Navarro, exhibieron el consenso político alcanzado entre ambos para una reforma que no sólo consideran necesaria y urgente, sino obligada por un ejercicio de "responsabilidad" política ante la inestabilidad de los mercados y la exigencia de generar confianza.

Tanto Pío García Escudero (PP) como Carmela Silva (PSOE) coincidieron en que la modificación no es antisocial porque de hecho permitirá tener unas cuentas públicas saneadas que garantizarán la aplicación de futuras políticas sociales.

Además, negaron tajantemente que suponga un recorte en el poder autonómico y local o una nueva centralización, acusaciones lanzadas desde los grupos nacionalistas; además, Silva advertió que el referéndum podría demorar su eficacia y poner en riesgo la medida.

Desde el PSC, Isidre Molas afirmó que la Constitución se cambia "en interés de Cataluña, de España y de Europa", esto es, "a favor de y no contra nadie", hizo notar la situación de "interdependencia absoluta" de la economía española ante Europa y habló de ponerse "una vacuna" contra graves problemas futuros.

Con una posición contraria, los grupos nacionalistas recalcaron que la reforma lesiona la autonomía financiera y política de las Comunidades Autónomas y arremetieron contra el "rodillo parlamentario" de socialistas y populares.

En nombre de los republicanos de ERC, Miquel Bofill, que intentó expresarse en catalán en la tribuna hasta que fue apercibido por el presidente de la Cámara, Javier Rojo, aseguró que Cataluña queda marginada con este cambio e invitaó a los catalanes a que "se salten el muro de la Constitución".

Por parte de CiU, Jordi Vilajoana proclamó que la medida no soluciona los problemas de inestabilidad de los mercados, ni recoge las "sensibilidades" del texto original de la Carta Magna, ya que PP y PSOE habían reclamado una "adhesión sin condiciones".

Vilajoana polemizó con el socialista José Ignacio Pérez Saenz, quien acusó a CiU de haber abandonado el consenso constitucional, a lo cual él replicó que ellos no se fueron, sino que "nos han sacado ustedes".

Joseba Zubia, del PNV, apuntó que "se ataca al autogobierno de Euskadi", en tanto que José Manuel Pérez Bouza, del BNG, reprobó a PP y PSOE por haber "banalizado" la Constitución que antes sacralizaban con una "chapuza" legislativa "centralista".

El senador Joan Saura, de ICV, defendió la necesidad de un referéndum para responder a la demanda ciudadana a favor de más participación política, y el nacionalista Narvay Quintero, de CC, denunció que la reforma socavase las competencias autonómicas.

Las enmiendas de todos ellos fueron rechazadas en las votaciones previas a la de conjunto, que exigía una mayoría de tres quintos de la Cámara, 157 senadores, ampliamente rebasada con los 233 sufragios a favor.

Aunque el PSOE y el PP habían apelado en las diversas intervenciones de sus portavoces a la necesidad de ampliar el consenso y a tener "altura de miras", finalmente los grupos disidentes mantuvieron sus posiciones críticas.

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