Los diputados del BNG, ERC, ICV y NaBai abandonaron el hemiciclo del Congreso de los Diputados cuando se iba a votar la reforma constitucional, un "plante" con el que han querido escenificar su rechazo a la misma y al procedimiento por el que se ha hecho.
El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha permanecido en su escaño, aunque había anunciado que también se ausentaría de la votación para mostrar su oposición a la reforma constitucional para fijar un tope al déficit.
Llamazares se ha quedado finalmente dentro del pleno para oponerse a la tramitación de las enmiendas presentadas en el último minuto por PSOE y PP para buscar el acuerdo con CiU, con lo que dichas enmiendas no han podido votarse finalmente.
Los parlamentarios que han seguido la votación fuera del hemiciclo han sido Joan Ridao y Joan Tardá (ERC), Nuria Buenaventura (ICV), Francisco Jorquera (BNG) y Uxue Barkos (NaBai).
Además, CiU y PNV se negaron a votar la propuesta de reforma.
En su turno, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha dicho que con la reforma de la Constitución planteada ésta será "muchísimo más débil" y ha lamentado que durante las últimas horas haya habido por parte del PSOE y del PP un intento de "diálogo" con su formación, pero no de "negociación".
En su intervención en el pleno que dará el visto bueno a la reforma constitucional para fijar un tope al déficit propuesta por PSOE y PP, Sánchez Llibre ha reiterado que su partido comparte el principio de estabilidad presupuestaria y ha pedido a los dos partidos que acepten las enmiendas del grupo catalán.
Ha asegurado que ambos partidos han "agredido" a CiU tanto en las formas como en el fondo y que, a pesar de ello, su grupo ha trabajado intensamente en las últimas 48 horas con una serie de enmiendas para tratar de resolver la situación.
"Lamentablemente ha existido diálogo, pero no negociación", ha apostillado antes de pasar a desgranar el contenido de las ocho enmiendas presentadas por CiU.
Unas enmiendas, ha proseguido, que pretenden recuperar el consenso constitucional, "dinamitado en cuatro días de agosto" por PSOE y PP, y evitar que se consume la ruptura que se deriva de la expulsión de la reforma de formaciones como CiU.
"Queremos evitar también que el PSOE y el PP se apoderen de la Constitución, que es un patrimonio de todos los ciudadanos", ha añadido.
La reforma de la Constitución pactada ente el PSOE y el PP ha recibido este viernes duros ataques de los portavoces parlamentarios nacionalistas y también de otros grupos minoritarios, que la han tachado sucesivamente de "centralista", "antisocial" y, sobre todo, de haber sido negociada de espaldas a los ciudadanos y a la propia Cámara.
Así, el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ha defendido el voto en contra de su grupo y ha avisado de que mientras "hasta ayer la reforma constitucional era anatema" y "tabú", hoy los dos grupos mayoritarios lo han convertido en "algo banal" que puede hacerse apresuradamente, en agosto y en los "estertores de las legislatura".
Erkoreka ha reprochado a PSOE y PP haber convertido la reforma en un "carrusel de arbitrariedades" en el que ellos se han permitido "alegrías" e interpretaciones "laxas" de las normas para poder reformar la Carta Magna con la misma facilidad que una orden ministerial y al mismo tiempo han rechazado con argumentos "seudojurídicos" y "peregrinos" enmiendas como la presentada por su grupo sobre el derecho de autodeterminación del pueblo vasco.
El portavoz nacionalista ha comparado este rechazo con el 'portazo' a plan del ex lehendakari Ibarretxe y, además, ha aprovechado para pedir a la Cámara que, aunque su enmienda no vaya a votarse, haga un esfuerzo por asumir sus postulados, que ha calificado de "ambición colectiva" de los vascos.
Erkoreka ha defendido además la petición del PNV de que la reforma del artículo 135 mencione expresamente a los territorios forales como entidad territorial distinta a las comunidades y a los ayuntamientos, para no dejarlos en un "limbo jurídico" y para que quede claro que no son entidades locales, a los que la reforma obligará a un "riguroso déficit cero". A su juicio, este es un "error" que ya se habría "corregido" si la reforma no se hubiese negociado "a puerta cerrada" y "de espaldas" a los grupos ya se habría "corregido".
"Letal" para Cataluña
También el portavoz de ERC, Joan Ridao, ha criticado la inadmisión de su enmienda sobre la autodeterminación --"ustedes ven la Constitución como una jaula colectiva"-- y ha calificado la reforma como "letal" para Cataluña, un "nuevo golpe de Estado constitucional que "sigue la estela" de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto catalán.
Así, ha aprovechado para reclamar el concierto económico para Cataluña, argumentando que la actual "asfixia financiera" de la comunidad "hipoteca el bienestar" de los catalanes y le "obliga a vivir muy por debajo de sus posibilidades". "No sólo nos van a quemar el carbón de la locomotora que es Cataluña expoliando el 10% de nuestra riqueza sino que además van a exigir al tren que llegue puntualmente a la estación, que no se endeude", ha espetado.
ERC ha cargado contra la reforma por "rabiosamente centralista" pero también por ser "profundamente antisocial" y por haberse hecho con un procedimiento "antidemocrático". A su juicio, PSOE y PP, "tanto monta, monta tanto", han "liquidado en una semana" la concepción del Estado Social y Democrático de Derecho con tal de recibir "el aplauso entusiasta" de la canciller alemana, Angela Merkel.
En una línea similar, la portavoz de ICV, Nuria Buenaventura ha avisado de que la reforma incorpora a la Constitución "un enfoque ideológico", vulnerando así el "espíritu de consenso" de la Carta Magna que da cabida a distintas opciones políticas. A su juicio, la reforma es un "duro golpe" a la Constitución actual ya que se traduce en un "primero los bancos, después las personas".
Por eso, Buenaventura ha insistido en que lo que es necesario es una reforma de la Carta Magna pero para asegurar que el Estado dispondrá de los recursos suficientes para garantizar los derechos de los ciudadanos, "con un sistema impositivo progresivo", pero también que la soberanía resida en el pueblo. Es decir, que incluya una "reforma electoral" que lleve a un sistema "realmente proporcional" y que obligue a que reformas de este tipo deban someterse a referéndum vinculante.
CC pide una "reforma profunda" de la Constitución
Desde Coalición Canaria, el diputado Fernando Ríos --que optó por la abstención en la toma en consideración de esta reforma-- ha señalado que no es una modificación ni "necesaria y ni "oportuna", que excluye a los demás grupos del consenso y lleva a "dogma universal" la disciplina presupuestaria".
Ríos ha dudado de que PSOE y PP acepten sus enmiendas --sobre participación de las CCAA en la fijación del déficit y reconocimiento del estatus singular de Canarias-- así como de que expresen su "compromiso firme" sobre la apertura de una "profunda reforma" que adopte la Carta Magna a la realidad social. Por eso, ha anunciado que se opondrán a esta reforma constitucional que tiene por objetivo "calmar a los mercados" y pedirán que sea sometida a referéndum.
BNG: "Una contrarreforma"
Desde el BNG, Francisco Jorquera, ha acusado a PSOE y PP de proponer una contrarreforma" de la Carta Magna, con "total desprecio a las más elementales formas democráticas" y "sacrificando la soberanía popular", al pretender eludir la celebración de un referéndum, y "sacrificando el autogobierno de las Comunidades Autónomas al mermar su autonomía financiera sin tan siquiera consultarlas".
Es más, Jorquera --que ha presentado enmienda a la totalidad-- ha acusado a los dos partidos mayoritarios de pretender "imponer un único pensamiento económico". A su juicio, de prosperar esta contrarreforma, el modelo social definido por la Constitución "sólo será papel mojado".
NA-BAI: "Exclusión" en vez de "consenso"
Por su parte, la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, ha aprovechado su intervención para expresar su "desagrado" por las formas empleadas por PSOE y PP en esta reforma constitucional, un escenario que ha llegado a calificar de "absolutamente vergonzoso".
Barkos ha reprochado a los partidos mayoritarios que, teniendo en cuenta que es la única reforma de "calado" de la Carta Magna de los últimos 30 años, no hayan optado por una reforma de consenso sino de "exclusión".
