Esquerra Republicana quiere que la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo se aplique para los afectados por hechos que se hayan cometido a partir del 6 de octubre de 1977, día de aprobación de la Ley de Amnistía, y no desde el 1 de enero de 1960,como figura en el texto original, lo que excluiría, según la AVT, a casi cien personas asesinadas por ETA en esos 17 años.

En sus enmiendas, recogidas por Europa Press, los independentistas catalanes no precisan los motivos de su propuesta. "Por creerlo conveniente", se limitan a reseñar como justificación de ese cambio en las fechas de aplicación, sin dar más detalles. Sin embargo, en los debates que se han sustanciado en las últimas semanas, los republicanos alegaron la legitimidad de la lucha armada contra dictaduras como la franquista.

Y al mismo tiempo que restringe la aplicación de la Ley de Víctimas, ERC pide que los miembros de grupos armados víctimas de la represión franquista puedan acogerse a la Ley de Memoria y que quienes padecieran "violencia política" durante la Transición se beneficien de la nueva Ley de Víctimas.

Esquerra ha utilizado sus enmiendas parciales a la proposición de Ley de Víctimas que todos los grupos suscribieron hace casi un año para recuperar, en forma de disposiciones adicionales, dos de las propuestas que incluyeron en una moción que el Pleno del Congreso rechazó la semana pasada.

Así, piden que se puedan beneficiar de la Ley de Memoria Histórica las víctimas del franquismo que pertenecieran "a bandas o grupos armados" y que el Gobierno elabore un informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la Transición para que puedan beneficiarse de la nueva Ley de Víctimas.

En coherencia con estas peticiones, los independentistas catalanes abogan por que se cambie el la ley para añadir a "las víctimas de la violencia política" y no sólo a las del terrorismo.

Igualmente, Esquerra solicita que se trate a todas las víctimas por igual. En este sentido, reclaman que las indemnizaciones previstas para los afectados por atentados fuera de España sean las mismas que para los que tienen lugar en territorio nacional siempre que los afectados tengan nacionalidad española.

En otra de sus enmiendas, apuestan por que se asegure un "acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos" por la Administración para el acceso a los beneficios de esta norma. Para ello demandan el establecimiento de protocolos que deben ser aplicados de modo coordinado entre las distintas administraciones bajo supervisión del Ministerio del Interior.

Por último, remarcan la importancia de que la futura ley se fundamente en los valores de "memoria, dignidad y justicia" para mantener vivo el recuerdo del "involuntario sacrificio" de las víctimas, en pro de la sociedad, se simbolice su "honor", se les resarza y se condene a los terroristas.