El alcalde de la localidad coruñesa de Arzúa, Xaquín García Couso, no podrá ser reelegido el próximo 22 de mayo, ya que ha sido declarado inelegible tras haber sido inhabilitado por un delito de desobediencia motivado por no haber demolido en plazo un edificio que incumplía normas urbanísticas.
Aunque el alcalde, del BNG, había recurrido al Tribunal Constitucional la decisión de declararle inelegible adoptada por la Junta Electoral de Zona de Santiago, el alto tribunal no lo ha admitido a trámite por considerar que "no ha satisfecho la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso", según un escrito fechado el pasado 2 de mayo.
La decisión del Constitucional ha sido explicada en rueda de prensa en el Congreso por el diputado del BNG Francisco Jorquera, quien ha señalado que la única vía para que Xaquín García pueda presentarse a los comicios es que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, recurra la decisión antes de mañana.
Su inelegibilidad es consecuencia, según ha denunciado Jorquera, de la aplicación de la última reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), pensada para aislar a los afines a ETA e impedir que la izquierda abertzale se presente a las elecciones.
De manera que ha considerado al alcalde víctima de un "daño colateral" de esta reforma, que ha tachado de "ley de excepción".
"Es evidente que el caso del alcalde de Arzúa no es un caso de terrorismo. Estamos ante una persona con un comportamiento honorable al que se le impide presentarse a las elecciones", ha indicado.
La Junta Electoral declaró inelegible al candidato del BNG tras aceptar la impugnación presentada por el PP por estar inhabilitado en una condena judicial por un delito de desobediencia a la Administración pública, al no haber demolido dentro del plazo requerido un edificio ilegal.
Jorquera ha explicado que el origen de la sentencia fueron anomalías cometidas en la construcción de un edificio de seis plantas, que no se ajustaba a las normas porque superaba el número de alturas permitido, y que fue levantado durante el gobierno del PP en el municipio.
Por su parte, el alcalde de Arzúa, Xaquín García, se ha mostrado "esperanzado" y ha confiado en que el fiscal general actúe con rapidez, y ha advertido del número de concejales, diputados y demás representantes políticos que pueden verse afectados por esta nueva norma, que permite declarar inelegible a un candidato condenado aunque la sentencia no sea firme.
