CC.OO. ha acusado a la familia Ruiz-Mateos de "incumplir" el compromiso que asumió con la Dirección General de Trabajo y los sindicatos el pasado mes de marzo de firmar un protocolo global de regulaciones temporales de empleo en sus empresas y facilitar a los trabajadores el cobro de salarios pendientes a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

"Este incumplimiento de Nueva Rumasa deja sin salario y sin posibilidades de acceder a prestaciones por desempleo a más de 3.000 trabajadores" de las empresas alimentarias del grupo, advirtió en rueda de prensa el secretario de Acción Sindical de CC.OO., Ramón Górriz, quien compareció junto al secretario de la Federación Agroalimentaria del sindicato, Jesús Villar.

Villar detalló que, actualmente, a los trabajadores del 'holding' familiar se les adeuda una media de dos mensualidades, aunque en algunos casos como en Clesa se elevan a cuatro pagas, mientras que en Trapa y en determinadas bodegas "están al día".

En cuanto a la actividad productiva, sólo en Elgorriaga se mantiene, en tanto que Clesa, Royne y Helados Dhul están paralizadas totalmente y el resto de empresas tiene "muy poca" actividad.

Los dirigentes sindicales criticaron la "mala fe" de la familia de empresarios al "pretender imponer" en las negociaciones del protocolo laboral condiciones inferiores a las pactadas en empresas en las que previamente se habían acordado Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) temporales, como Clesa y Royne, con 508 trabajadores afectados.

"La responsabilidad de la falta de acuerdo es de la familia Ruiz-Mateos", apuntó Villar, quien señaló además que desde el pasado marzo se han ido declarando una decena de empresas en concurso y, a partir de este procedimiento, los acuerdos laborales se abordan con la administración concursal, que en algunas empresas está planteando extinciones de contratos.

PIDEN CELERIDAD EN LOS CONCURSOS.

En este sentido, lamentó la lentitud burocrática y demandó mayor celeridad, dado que los trabajadores no pueden cobrar prestaciones del Fogasa hasta que no se reconocen las deudas en el proceso.

Villar precisó que en Dhul se ha planteado ERE de extinción para 54 trabajadores de administración y para 72 de las delegaciones comerciales, así como un expediente temporal para otros 114 empleados. Además, en Hibramer podría haber un ERE de extinción de 70 contratos y en Queserías Menorquinas, un ERE temporal en una plantilla de 181 empleados.

"ERE ENCUBIERTO" EN CARCESA

El dirigente sindical criticó que no se prevé expediente en las plantas de Carcesa en Extremadura porque no se está llamando a trabajar a unos 75 trabajadores fijos-discontinuos, lo que consideró que puede ser un "ERE encubierto", por lo que no descartó que CC.OO. adopte medidas al respecto.

Górriz censuró la falta de celeridad de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntos delitos económicos e instó a los ministerios de Economía y de Trabajo, así como a las comunidades autónomas, a que apuesten por mantener los puestos de trabajo y se retire la gestión empresarial de la familia Ruiz-Mateos.

En esta línea, Villar llamó a las administraciones públicas a "no perder mas tiempo y buscar soluciones por el riesgo de pérdidas de clientes que puede hacer irreversible la actividad de estas empresas".