La ley antitabaco, que prohibirá fumar en casi todos los espacios públicos cerrados a partir del próximo 2 de enero, avanza en su tramitación y, frente a las demandas de sociedades médicas y de pacientes, el Gobierno ha sido tajante: no habrá pasos atrás.

Así lo ha corroborado la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, tras reunirse en el Senado con representantes de una veintena de organizaciones del ámbito sanitario y social que le han trasladado su deseo de que la reforma legislativa se apruebe con el máximo consenso parlamentario posible.

Esas organizaciones han hecho público un nuevo manifiesto en el que piden a los legisladores que eviten excepciones en la nueva norma que puedan ser utilizadas para incumplirla.

Los "cubículos" para fumadores que defienden el PP y los hosteleros -en los que se podría fumar pero en los que no tendrían que entrar los trabajadores de la hostelería- serían, según los firmantes del manifiesto, la excusa perfecta para incumplir la ley "y mantener la omnipresencia del humo en los espacios de ocio y convivencia".

Entre los autores del manifiesto están la Organización Médica Colegial, la Asociación Española contra el Cáncer, varias sociedades médicas, de consumidores o el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.

Han recordado estas organizaciones que el humo del tabaco mata cada año a unas 56.000 personas, de las cuales 3.000 mueren por respirar en contra de su voluntad el aire contaminado.

En el Senado, la ley pasa hoy uno de sus últimos trámites parlamentarios, con el debate y la votación en ponencia y posteriormente en la Comisión de Sanidad de las enmiendas que algunos grupos mantienen "vivas".

Entre éstas, destacan las propuestas a favor de una moratoria en la aplicación de la nueva norma y las que defienden que los establecimientos hosteleros puedan voluntariamente cerrar un espacio reservado para los fumadores.

Pero las organizaciones que hoy han reiterado su apoyo a la reforma han insistido en que moratorias o excepciones no servirían para asegurar la protección de los trabajadores y de los usuarios que la ley persigue.

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha asegurado, tras entrevistarse con estos colectivos, que la voluntad del Gobierno y del grupo socialista es "no dar un paso atrás" en la aplicación de la ley antitabaco, que hoy llega al Senado, y ha pedido al PP que apueste por la defensa de la salud pública frente a otros intereses.

Pajín ha recalcado que la ley no ha supuesto daños económicos ni pérdida de empleo en otros países que tienen legislaciones similares a la que se va a aprobar previsiblemente en las Cortes.

"La Organización Mundial de la Salud asegura de forma muy clara, y así se ha dirigido a los grupos parlamentarios, que además de ser una buena ley en materia de salud pública, es una ley que efectivamente no tiene impacto económico; quiero subrayarlo porque estamos en un momento difícil y es importante aclarar este tipo de conceptos con datos objetivos y con rigor", ha dicho.

Ha recordado además la ministra que el número de muertes cada año en España como consecuencia de enfermedades derivadas del tabaquismo es mayor del que se producen por accidentes de tráfico o como consecuencia de enfermedades como el sida.

Pero la ley ha soliviantado a las organizaciones patronales del sector de la hostelería, que hoy han continuado con las movilizaciones en contra de la reforma con una concentración en el centro de Madrid.

Convocados por la Federación de La Federación de Ocio y Turismo de la Comunidad de Madrid (FOTUCAM), varios empresarios han tirado simbólicamente al suelo las llaves de los negocios que tendrán que cerrar a consecuencia de la prohibición total de fumar.

"Prohibición total = Ruina de la hostelería"; "R.I.P al cafecito de la mañana"; "Ley del tabaco + botellón = caos de la noche" rezaban los carteles que portaban estos empresarios.