La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ha negado hoy que la Fiscalía del Estado o el Gobierno sufrieran presiones de Estados Unidos para obstaculizar procesos judiciales o que España recibiera dinero para acoger presos de Guantánamo, como afirman algunos documentos filtrados por Wikileaks.
Así lo ha dicho tras la sesión de control al Ejecutivo en el Senado, preguntada por las filtraciones dadas hoy a conocer por El País, según las cuales EEUU presionó al Gobierno español para "frenar o boicotear" las causas judiciales abiertas contra políticos y militares norteamericanos presuntamente involucrados en el caso Couso, torturas en Guantánamo, o secuestros en vuelos de la CIA.
Según estos documentos, el embajador norteamericano entre 2005 y 2009, Eduardo Aguirre, había dirigido numerosas presiones sobre el Gobierno español y las autoridades judiciales, y había contado con el apoyo de contactos como el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
"Es absolutamente falso que hubiera algún tipo de presión", ha zanjado la ministra, antes de asegurar que en España la Justicia es "independiente", actúa "con mucha seriedad" y, por tanto, "es impensable que se pueda ver presionada bajo ningún concepto para que pudiera cerrarse un caso".
Respecto al documento que señala que EEUU habría ofrecido a España 85.000 dólares por cada preso de Guantánamo que acogiera, también lo ha rechazado, alegando que "en ningún caso medió, ni siquiera hubo intención de que mediara precio alguno por acoger a presos".
