En la segunda sesión del juicio del caso 'Malaya', contra la presunta corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), que se ha celebrado este martes, las defensas de diez imputados han vuelto a pedir la nulidad del juicio y han criticado la instrucción del juez Miguel Ángel Torres. Ante esta situación, el Tribunal ha defendido la actuación del juez instructor y ha asegurado que "no se puede afirmar que cometiera un delito de detención ilegal". Asimismo, ha pedido a las defensas que eviten "cualquier tipo de descalificación personal que a nada conduce", ya que estas alusiones son "contrarias a las normas de cortesía y respeto que deben regir siempre todos los actos procesales en cualquier tipo de procedimiento".

El abogado José Antonio Choclán, que representa a varios acusados, ha asegurado que en la instrucción "se ha confundido la fase judicial de investigación y se ha convertido en una vulgar actuación policial, sin que ningún órgano, ni el juez ni el ministerio fiscal, haya velado por los derechos fundamentales de los imputados". También denunció que el juez instructor adoptó "sistemáticamente detenciones masivas" y que tuvo un interés "personal" en la actuación de la causa.

La defensa de Montserrat Corulla, uno de los presuntos testaferros del presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, ha asegurado que se vulneraron "los derechos fundamentales de intimidad y derecho de las comunicaciones" de su defendida al unirse a la causa intervenciones de carácter "íntimo y personal", por lo que ha pedido que se eliminen estas conversaciones, las valoraciones subjetivas y los mensajes cortos de texto que "no tienen relación".

Así, ha puesto como ejemplo que en una de las transcripciones se precisa que una persona llamó a Corulla "y los agentes dicen: él intenta ligar con ella". "Esto es el trato serio y riguroso que le dan a las conversaciones de carácter íntimo y personal de mi defendida", ha lamentado el abogado, quien ha insistido en que esas conversaciones "no permanezcan un minuto más" dentro del sumario.

Por su parte, la defensa de Jaime Hachuel, que supuestamente se encargaba de las medidas de seguridad del entorno de Roca, ha criticado que se intervinieran conversaciones de su cliente, al considerar que su cliente fue "meramente accesorio" para investigar a Roca. "Realmente la persona investigada es el señor Roca", ha señalado el abogado, quien ha añadido que se le intervinieron las comunicaciones "para ver si sacan algo relevante para la imputación de Roca", por lo que ha considerado que estas medidas no se tendrían que haber tomado contra su defendido, ante "la inexistencia de indicios suficientes".

El Ayuntamiento de Marbella ha afirmado este martes que espera que "se sustancien cuanto antes las responsabilidades que haya en el procedimiento", y que, si hay una "estrategia dilatoria, no tenga acomodo en la decisión del Tribunal". Así lo ha asegurado en rueda de prensa el portavoz municipal, Félix Romero, quien ha añadido que para el Consistorio "este procedimiento es el medio para conseguir que, por un camino u otro, se restituyan los bienes a la ciudad de Marbella".