El decomiso de vehículos implicados en delitos de tráfico pretende ser un «sustitutivo» de la prisión para los infractores, ya que la cárcel es siempre «lo último que un fiscal desea». Así lo manifestó ayer el fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, en relación con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en diciembre.
Vargas añadió que la pena de cárcel es una medida «muy rigurosa» que debe quedar «reservada» a los casos «muy graves». El número de personas que cumplen prisión en España por cometer un delito contra la seguridad vial se ha multiplicado por más de siete desde enero de 2009. De 200 detenidos por este motivo se ha pasado en un año a más de mil, a los que hay que sumar los aproximadamente 500 reclusos que penan en Cataluña, la única comunidad con competencias propias en materia de cárceles.
Por tipo de delitos, el más común es el de conducir sin permiso, por el que permanecen en prisión 352 personas, un 35,6 por ciento de los reclusos relacionados con la seguridad vial. Va seguido de conducción bajo la influencia de alcohol o drogas (28,3 por ciento), conducción temeraria (23,9 por ciento), negarse a someterse a una prueba de alcohol o drogas (5,9 por ciento), conducir con manifiesto desprecio por la vida (4,1 por ciento) y velocidad excesiva (2,6 por ciento). Vargas señaló que en 2009 aumentó la incoación de procedimientos penales por delitos contra la seguridad vial alrededor del 26 por ciento, siguiendo la progresión en aumento desde que se reformó el Código Penal en 2007.
Además, remarcó que hasta un 25 por ciento de los conductores controlados habían consumido algún tipo de droga antes de sentarse al volante. En total, en 2009 se realizaron 109.768 procedimientos penales por delitos contra la seguridad vial. Además aseguró que la Fiscalía perseguirá a los «acosadores» viales y, cuando su conducta sea delictiva, considerará su actitud como «conducción temeraria».
