La Policía Nacional ha desmantelado una red dedicada a estafar a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal en Zaragoza, en una operación en la que han sido detenidas 99 personas y otras 65 imputadas, todas extranjeras, y en la que el fraude, sólo a la Seguridad Social, se calcula en 1,5 millones de euros.
La investigación comenzó hace un año al detectar la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo de Zaragoza la existencia de 20 empresas "fantasma" gestionadas por ciudadanos rumanos.
Estas empresas daban de forma constante de alta y baja a trabajadores extranjeros, a los que cobraban para que éstos recibieran el paro, sin que existiera una actividad real y sin cotizar a la Seguridad Social por las empresas y los empleados.
El delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, la directora provincial de la Tesorería de la Seguridad Social, Dolores Martín, y el jefe superior de Policía en Aragón, Rafael Arenas, han informado en una rueda de prensa de la operación, denominada "Isabel".
Cinco de los 99 detenidos que ejercían de falsos empresarios ya han pasado a disposición judicial y el resto han quedado en libertad con cargos.
En las pesquisas se ha podido comprobar que veinte empresas (diecinueve inscritas como personas físicas y una como sociedad civil constituida por dos personas) presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores, algunos de los cuales se repetían en varias de las empresas, e incumplían desde el inicio la obligación de cotizar a la Seguridad Social.
Además, se constató que eran falsos los domicilios que constaban de las empresas, supuestamente dedicadas a la construcción, la hostelería, la limpieza o talleres mecánicos.
La investigación ha determinado que esas empresas dieron de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 632 trabajadores, de los cuales 163 percibieron prestaciones o subsidios por desempleo del INEM y otras prestaciones por incapacidad temporal del INSS.
Los trabajadores eran contratados y dados de alta durante cortos periodos de tiempo, en la mayoría de los casos los mínimos legales exigidos para acceder al derecho a las prestaciones o subsidios.
Aunque no se sabe con exactitud la cuantía que se podría haber estafado al Servicio Público de Empleo Estatal, este mes se ha "cortado" el pago de la prestación por desempleo a cien de los implicados, que globalmente sumarían una percepción de 60.000 euros.
Hasta ahora han sido llamados a declarar ante la policía 220 personas que figuraban como trabajadores de las empresas.
También se ha tomado declaración a varios profesionales de la gestión a través de los que los "supuestos empresarios" canalizaban la elaboración de los contratos de trabajo, nóminas, partes de alta y baja y certificados de empresa, sin que se haya detectado la implicación de ninguno de ellos.
Estos profesionales, según la Policía, se limitaban a elaborar los documentos que les encargaban dos personas que decían representar a las empresas: G.A.D., conocido como Jorge y de nacionalidad rumana, y R.H., de nacionalidad marroquí.
Al parecer, los trabajadores pagaban por las altas entre 280 y 400 euros, y en un caso la cuantía llegó a los 13.000 euros al incluir la gestión de visado, contrato de trabajo y altas en varias empresas para obtener la regularización y las prestaciones por desempleo.
Hasta ahora, entre detenidos e imputados por delitos de falsificación de documentos, estafa a la Seguridad Social y el INEM y contra los derechos de los trabajadores están 164 personas y la Policía no descarta más detenciones.
Las raíces de esta organización y su dirección podrían estar en el extranjero, según ha precisado el Jefe Superior de Policía de Aragón.
En la operación han participado la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid y las brigadas provinciales de Extranjería y de la Policía Judicial de Zaragoza.
